caso ORA

El exdiputado y exconcejal del PP Álvaro Gijón ha defendido este miércoles ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que no había motivos para detenerle a él o a sus familiares en el caso ORA.

Una decena de personas que fueron investigadas en el caso ORA han afirmado este martes en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que se sintieron presionados por el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán en sus declaraciones.

Ha pasado "tres años de calvario" que le enterraron "social y políticamente". Álvaro Gijón, exdiputado del PP y ex primer teniente de alcalde habla con mallorcadiario.com después de conocerse el archivo del Caso ORA y de que el TSJIB juzgará al juez Manuel Penalva y al fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, instructores de una causa que ha tenido más de "pena del telediario" que de investigación de unos hechos. "Ha sido tan duro que no se lo deseo ni a ellos", y anuncia que emprenderá las medidas judiciales que sean necesarias contra quien sea necesario.

Toni Roig, uno de los encausados por el juez Penalva y el fiscal Subirán en el caso ORA, que ha sido archivado este lunes tras años de investigación, ha hecho pública en una Red social una declaración en la que anuncia querellas contra los denunciantes cuyas afirmaciones no han sido probadas. Roig se manifiesta parcialmente satisfecho por la decision judicial en la que la identidad del testigo proteguido con el que se inició el procedimiento judicial no se ha hecho público.

El titular del juzgado de Instrucción número 12 de Palma ha emitido un auto por el que decreta el sobreseimiento y archivo del Caso ORA. La resolución se produce días después de que la Fiscalía Anticorrupción propusiera el archivo de esta pieza separada en la investigación por corrupción policial.

El caso ORA tiene los días contados tras la decisisón de la Fiscalía Anticorrupción de archivar esta pieza separada en la investigación por corrupción policial. Esta pieza implicaba al ex edil y ex diputado del PP, Álvaro Gijón, a José María Rodríguez y al empresario Toni Roig. Los tres fueron imputados por el juez Manuel Penalva y el Fiscal Subirán, una vez que un testigo protegido les acusó de haber cobrado 2,5 millones de uros por beneficiar a Roig en la concesión del contrato de la ORA en Palma.

Toni Roig, uno de los encausados por el juez Penalva y el Fiscal Subirán en el caso ORA, ha hecho pública en una Red social una declaración en la que, además de arremeter contra las irregulares actuaciones del juez y fiscal y del grupo de Blanqueo, subraya que, pese a ser sometido a todo tipo de presiones y amenazas para que delatase al entonces concejal Álvaro Gijón, nunca lo delató ni vendió "porque no había nada que vender". El empresario ha reaccionado publicando un larguísimo post en su perfil de Facebook tras conocerse el tercer informe policial sobre las presuntas irregularidades cometidas en la instrucción del Caso ORA. El pantallazo del post publicado puede verse más abajo en esta información.

El juez Penalva, el fiscal anticorrupción y los antiguos agentes de Blanqueo habrían empleado las detenciones y la prisión provisional como medio para lograr declaraciones incriminatorias de los investigados del Caso ORA. Es una de las conclusiones que subyacen del último informe policial acerca de la instrucción presuntamente irregular en dicho caso.

Un nuevo informe de la Policía Nacional apunta a conductas presuntamente delictivas cometidas por el entonces juez instructor del caso Cursach, Manuel Penalva, el fiscal anticorrupción, Miguel Ángel Subirán, y tres antiguos miembros del Grupo de Blanqueo contra la libertad de algunos detenidos del Caso ORA. El informe, de 177 páginas al que mallorcadiario.com ha tenido acceso, señala que se habría empleado "la detención policial y prisión provisional con la finalidad de impulsar la investigación, obtener pruebas y declaraciones incriminatorias, hechos expresamente prohibidos por el Tribunal Constitucional por atentar contra los derechos fundamentales y el ordamiento jurídico".

Álvaro Gijón ha dado un vuelco a las informaciones que le relacionaban con la trama de corrupción en la Policía Local de Palma al confesar al juez instructor que, como Angélica Pastor, también recibió amenazas.

"No todo vale". La exedil popular de Palma, Irene San Gil, anuncia una querella a Aligi Molina, Aurora Jhardi y Carlos Saura, así como a la formación Podem de Valent, por difamación. El motivo: un 'tuit' con una composición de caras al estilo mafioso El Padrino a cuenta de la presunta trama de la ORA.