Piden cinco años para un abogado por quedarse 9.600 euros de su cliente

La Fiscalíareclama cinco años de cárcel, una multa de 18.000 euros y cuatro años de inhabilitación para el abogado José María D.C., quien este viernes se sentará en el banquillo por presuntamente haberse apropiado de 9.600 euros que uno de sus clientes debía abonar como fianzas de responsabilidad civil y cuyo impago por parte del letrado provocó el ingreso en prisión de su patrocinado. Sobre el acusado pesan los supuestos delitos de apropiación indebida y deslealdad profesional.

En concreto, será el tribunal de la Sección Segundade la Audiencia Provincialel que juzgue al abogado, quien estuvo en busca y captura durante año y medio hasta que finalmente fue arrestado en Lloseta. El Ministerio Público reclama asimismo que José María D.C. indemnice a la madre del cliente con la cantidad de la que supuestamente se apropió, puesto que fue ella la que le entregó el dinero para abonar la fianza, así como que pague al afectado 12.000 euros en concepto de daños morales.

La Fiscalíarecuerda cómo en 2005, tras contratar los servicios del letrado para su defensa en una causa por allanamiento de morada y lesiones, Patrici Joan B.O. fue requerido para que prestase una fianza civil de 6.000 euros, cantidad que la madre de éste entregó al abogado quien, con la intención de enriquecerse de forma ilícita, incorporó esta cantidad a su patrimonio en lugar de consignarla ante el Juzgado.

Así las cosas, tras ser condenado Patrici Joan B.O. por los hechos por los que estaba imputado a una multa de 1.800 euros y una fianza civil de 1.861 euros, el impago de las cantidades provocó que se le impusiera al perjudicado la pena de 150 días de cárcel.

Aún así, su asistente legal volvió a solicitar dinero a la madre para abonar la responsabilidad civil, a lo que accedió la mujer amparada en la confianza que había depositado en él desde 2005 y en su credibilidad como abogado. Así, tras entregarle otros 3.600 euros, José María D.C. se apropió nuevamente del dinero destinado a abonar la caución de su cliente, quien como consecuencia del impago ingresó en prisión el 23 de abril de 2009 hasta octubre de ese año.

Se da la circunstancia de que el letrado, estando suspendido en el ejercicio de sus funciones, presentó ante el Juzgado un escrito en el que solicitaba la suspensión de la ejecución de la pena de prisión para su defendido, alegando para ello que hasta ese momento el afectado carecía de recursos económicos. Ello a pesar de que la familia de su cliente ya había hecho entrega al acusado del dinero necesario para el pago de las cantidades que se le impusieron.