La juez interrogará a la compañera sentimental del ex jefe de Carreteras

La jueza que instruye el ‘caso Peaje’, Ana San José, interrogará este miércoles en calidad de imputada a Mónica Florit, compañera sentimental del ex ingeniero jefe de Carreteras del Consell de Mallorca y propietaria de un terreno en Búger donde fue levantada una vivienda como templo de meditación presuntamente con fondos públicos destinados a la ejecución del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, unos hechos que están siendo investigados en el ‘caso Peaje’. Junto a la comparecencia de Florit está fijada la del también encausado Cristóbal Monserrat. Cabe señalar que la declaración de Florit tendrá lugar tras el registro efectuado a principios de diciembre en el templo, perteneciente a la asociación Pachi Tanglang y construido sobre un solar propiedad de la imputada. Sin embargo, los imputados de la causa niegan este desvío de dinero y defienden que la instalación fue construida mediante las donaciones de los socios de esta entidad de filosofía china. Mientras tanto, por estos mismos hechos está citado a declarar, el próximo día 26, el propio Orejudo, uno de los principales imputados en el marco del ‘caso Peaje’, que indaga en concreto un presunto desvío de fondos públicos a obras privadas que habrían sido facturadas como si se tratase de trabajos de la antigua C-715 durante la ejecución del desdoblamiento. Cabe recordar que el nombre de Orejudo, en libertad bajo fianza de 125.000 euros, aparece reflejado en la querella que interpuso la Fiscalía en marzo del pasado año a raíz del supuesto desfase de unos 23 millones de euros producido sobre la cantidad presupuestada para la reforma y modernización de la carretera, que corrió a cargo de la UTE Desdoblamiento C-715. Numerosos responsables y gestores de las empresas de esta UTE también están encausados en este procedimiento, que indaga la posible comisión de delitos de malversación, cohecho y prevaricación, entre otros. La operación se saldó en marzo de 2009 con la detención de 18 personas, quienes quedaron en libertad con cargos excepto Orejudo y el otro funcionario del Consell arrestado, Gabriel Mestre, como los únicos que pasaron a disposición judicial. A partir de ese momento la Fiscalía comenzó a estudiar toda la documentación intervenida para determinar las presuntas implicaciones de los detenidos en el caso.