Castro cita a la cúpula de la CAEB

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, reanudará la toma de declaraciones en el marco del caso Nóos con el interrogatorio de hasta quince interrogatorios entre el lunes y el miércoles de la próxima semana. Tres imputados -los presuntos testaferros de Iñaki Urdangarin Mario Sorribas y Robert Cockx, así como el empresario valenciano Miguel Zorío- y doce testigos están citados a declarar ante el magistrado en los Juzgados de la capital balear.

El martes, serán interrogados, entre otros testigos, el presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Josep Oliver (9.30 horas), la gerente de esta entidad, Isabel Guitart (10.15), la fundadora de Imagine Tourism Consulting Ana Bartolomé Greenwood (11.45)y el catedrático de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Eugeni Aguiló (13.15 horas).

Declararán también como testigos, entre otros, varios profesores de la UIB, el vicerrector general de la Comunidad Autónoma, y el exdirector general de Presupuestos y Planificación Antonio Valdivieso.

Todos ellos han sido citados después de que así lo solicitase el exjefe del Ejecutivo balear Jaume Matas con el objetivo de acreditar la trascendencia social, económica y política que tuvieron los dos Illes Balears Forum celebrados en Palma en 2005 y 2006, por los que el Instituto Nóos percibió 2,3 millones de euros públicos. Asimismo, la defensa del expresidente quiere aclarar el sistema de fiscalización y control de la legalidad que ejerce la Comunidad Autónoma, y más en concreto se determine si se produjo algún tipo de ilegalidad en relación a los anteriores convenios.

Cabe recordar que al primero de los eventos la Administración autonómica destinó 1,2 millones de euros al Instituto Nóos mientras que por el segundo abonó 1,1 millones, justificados con facturas presuntamente fraudulentas de las que se deriva un presunto desvío de los fondos percibidos por la entidad presidida entonces por Urdangarin. Así, entre las múltiples facturas presentadas para justificar los eventos de Palma se encuentran otras tantas que se refieren en realidad al Valencia Summit o bien no guardan relación alguna con estos enclaves.

Sin embargo, sobre estos eventos, la defensa de Urdangarin presentó un extenso dictamen jurídico con el que intentó avalar que los convenios rubricados por Nóos con el Govern no estaban sujetos a la contratación pública, de forma que no cabía supervisar o auditar el precio abonado por el Ejecutivo de Matas como contraprestación. Responden así, según el informe, a la legalidad vigente cuando se suscribieron.