El juez Castro toma declaración a más de 40 testigos desde hoy en Barcelona

La secretaria de Iñaki Urdangarin, Julita Cuquerella, y la exconsellera de Sanidad de la Generalitat de Catalunya,  Marina Geli están citados a declarar, junto a otros 41 testigos, ante el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, en una ronda de comparecencias que arrancará hoy en Barcelona y se alargará al menos hasta el sábado.

Para el viernes a las 19.30 horas está prevista la comparecencia de la secretaria del Duque, Julita Cuquerella, cuyo nombre figura en varios correos electrónicos incluidos en el sumario y, en uno de ellos, queda reflejada la búsqueda de trabajadores ficticios con el objetivo de obtener beneficios fiscales.

En un principio, el juez Castro convocó a 28 personas para testificar entre jueves y viernes, aunque finalmente ha decidido ampliar la convocatoria al sábado llamando a declarar a 15 testigos más, entre ellos la exconsellera a partir de las 9.20 horas.

El Instituto Nóos, presidido entre 2004 y 2006 por Urdangarin, percibió 34.375 euros de la Generalitat por prestar apoyo técnico para el desarrollo de proyectos relacionados con la cooperación sanitaria en 2005, cuando Geli estaba al frente de la Conselleria.

El convenio, fechado el 7 de noviembre de 2005, se enmarcó dentro del Plan director de Inmigración y Cooperación en el ámbito de la salud, un instrumento destinado a adaptar servicios de esta naturaleza al fenómeno de la inmigración y a impulsar la cooperación sanitaria.

Para desarrollar este tipo de proyectos, la entidad del duque de Palma se ofreció aportar un director --que dedicaría 20 horas semanales--, un codirector --con una dedicación de 40 horas a la semana-- y a coordinar el equipo de trabajo.

La exconsellera de Sanidad ya declaró la semana pasada en la sede de la Policía Nacional en Barcelona ante el fiscal anticorrupción de Palma Pedro Horrach, al que también aseguró haber rechazado un gran proyecto global que el duque le ofreció en una reunión entre 2006 y 2007 para convertir a Barcelona en una "capital del deporte", y por el que pretendía cobrar de la Generalitat tres millones de euros.