El exgerente de Bitel Damià Vidal y otros cuatro acusados, ante el juez

El exgerente de Bitel, Damià Vidal, y otros cuatro acusados se sentarán en el banquillo desde este lunes para ser juzgados por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial por el presunto desvío de unos 700.000 euros a través de la anterior empresa pública durante la última legislatura del PP (2003-2007).

En concreto, en este procedimiento, que fue instruido por el Juzgado de Instrucción número 10, la Fiscalía Anticorrupción postula que los inculpados habrían incurrido en delitos de malversación de caudales públicos, defraudación, falsedad documental y revelación de secretos en torno a la gestión de la entidad Balears Innovació Telemática S.A. (Bitel). La vista oral se desarrollará este lunes y el martes así como los días 27, 28 y 29 de febrero y 5, 6 y 7 de marzo.

Junto a Vidal, quien se encuentra en libertad bajo fianza de 200.000 euros y para quien el Ministerio Público solicita 14 años de cárcel, también serán juzgados el exsecretario de Bitel, Sebastián Romaguera, el ingeniero informático Iván Guardia, el exdirigente de las Nuevas Generaciones del PP, Ramón de la Iglesia y el exjefe financiero de Bitel, Miquel Simonet.

La acusación pública sostiene que Vidal ideó y planificó diversas actuaciones dirigidas a apoderarse de ingentes cantidades de dinero procedentes de los fondos públicos de los que tenía poder cuando estaba al frente de la entidad pública, aprovechando para ello la falta total y absoluta de controles administrativos y financieros.

En su escrito de calificación, la Fiscalía asevera que el principal acusado de este caso utilizó varios mecanismos para hacerse con el dinero público, entre ellos haciendo uso de la tarjeta de crédito de la sociedad en beneficio privado, realizando transferencias desde la cuenta de Bitel a la suya propia, adjudicando contratos a una empresa de su propiedad y cobrando comisiones por contratos, que ascenderían a unos 30.000 euros.

Este será uno de los primeros juicios que tendrá lugar por las presuntas irregularidades cometidas al frente de diversos organismos públicos durante el último mandato de Jaume Matas, quien por su parte está siendo investigado en el marco del caso Palma Arena y se encuentra en libertad bajo fianza de 2,5 millones de euros, una de las más altas impuestas a un político en España.