Se suspende el juicio con condiciones

El presidente dela Sección Segunda dela Audiencia Provincialde Palma Diego Gómez- Reino sólo aceptará el cambio de abogado de Maria Antònia Munar si se compromete a que este jueves a las 10h. presente un escrito de aceptación de defensa de José Antonio Choclán y el compromiso de que el juicio empiece el 17 de junio.

Maria Antònia Munar ha ratificado su renuncia a su abogado al inicio de la vista oral alegando falta de confianza con su hasta ahora abogado Gabriel Garcías al haber existido divergencias en torno al recurso interpuesto después de la entrada y registro a su domicilio en la que le incautó de documentación de su defensa relativa al caso.

Durante su alegato, Munar ha relatado que se encontraba indefensa “con lo que se ha producido” a raíz de la entrada y registro, ya que “en estos momentos la fiscalía conoce todo lo que opino y he preparado sobre el caso”. “Se han llevado documentación, se han leído mis notas” ha asegurado la expresidenta del Consell de Mallorca.

Gómez-Reino le ha preguntado si era consciente del perjuicio que causaba a la sala con este cambio teniendo en cuenta que el juicio estaba señalado desde 2012 para afirmar a renglón seguido que parecía una maniobra dilatoria del proceso.

Ante la afirmación de Gómez-Reino de que en caso de no tener la aceptación de Choclán tendría que ser defendida por Gabriel Garcías, éste ha afirmado que después de la ratificación de Munar él presentaba su renuncia a la defensa. El magistrado le ha apercibido que ello podía acarrearle alguna sanción disciplinaria al no estar en plazo para efectuar la renuncia. 

La vista se ha suspendido cuando el Fiscal Anticorrupción Juan Carrau ha pedido la palabra para denunciar lo que consideraba un “abuso de derecho” y como consecuencia la solicitud de medidas cautelares”. Estas medidas 

Este miércoles estaba previsto el inicio del juicio por el caso Can Domenge. En el escrito de acusación del Ministerio Fiscal se solicitan para los principales acusados penas de inhabilitación por el delito de prevaricación, tres años de prisión por facilitar información privilegiada a la empresa Sacresa, y tres años más por fraude a la administración en relación al precio de venta del solar de Can Domenge.