Baleares y otras diez comunidades autónomas, concretamente Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Canarias, Extremadura, Madrid y Castilla y León, junto a Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), han decidido sumar recursos para reforzar la ayuda en varias crisis humanitarias agravadas por el impacto del Covid-19.
Así, con fondos de las CCAA y de la AECID contribuirán de forma conjunta a paliar la situación de ciudadanos venezolanos en situación de extrema vulnerabilidad. Otros colectivos beneficiarios serán la población saharaui que vive refugiada en los campamentos de Tinduf (Argelia), y, a final de año, a las mujeres y niñas en Mali, así como a las personas afectadas por el conflicto en Borno (Nigeria).
Este es el acuerdo al que han llegado las partes para la constitución de este fondo, al que se sumará la aportación anual de la AECID de un millón de euros. A partir de este convenio, cada comunidad autónoma se compromete a poner sobre la mesa, también anualmente, un mínimo de 50.000 euros, que La Rioja ha incrementado a 100.000 para este ejercicio.
De este modo, en 2020, el conjunto de actores contribuirá con un total 1,6 millones de euros a través organismos internacionales. Una primera partida de medio millón de euros irá destinada al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para reforzar el llamamiento preliminar de respuesta operacional al Covid-19 en Venezuela en el sector salud.
Una segunda dotación, por valor también de 500.000 euros, irá a parar a manos del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, para proporcionar seguridad alimentaria y nutricional a la población saharaui afincada en los campamentos argelinos de Tinduf, a los que se facilitará igualmente apoyo para frenar el Covid-19.
En el marco de este convenio se prevé también el compromiso con otros dos proyectos, que deberá ser corroborado en una próxima reunión conjunta a final de año. Estas actuaciones consisten en la protección y resilencia económica a las mujeres y niñas en las regiones de Mopti y Gao, implementado por ONU Mujeres en Mali, y en la mejora de la seguridad alimentaria y nutricional en los hogares más vulnerables y afectados por el conflicto en el estado de Borno, implementado por el PMA en Nigeria.
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