Proceso sumarísimo en el Parlament de Catalunya

Como a la mayoría de los de mi generación, me tocó prestar el servicio militar, aunque no se asusten, no les voy a contar batallitas ni hazañas bélicas de mi mili, solo las imprescindibles para ilustrar el relato.

Gracias a que ya era abogado en ejercicio, y a que contaba con la oportuna recomendación -para qué mentir-, conseguí ser destinado al Juzgado Togado Militar, situado a la sazón en La Rambla, en el mismo edificio donde actualmente vive un amigo al que siempre que visito le recuerdo que hice guardias en su casa.

Pues bien, como soldado con funciones materiales de agente judicial, además de confeccionar al teniente trabajos para su tesis doctoral, me asignaron la ingrata tarea de testimoniar, es decir, sacar copias certificadas de las sentencias dictadas en procesos sumarísimos urgentes llevados a cabo por el bando vencedor de la guerra civil para enjuiciar los delitos de aquellos que se habían opuesto al "glorioso movimiento salvador de España", con el fin de facilitar el acceso de las víctimas de aquellos consejos de guerra o sus descendientes a las modestas compensaciones económicas que aprobó en aquella época el gobierno de Felipe González.

Mi subteniente me encargó esta tarea -que el capitán, claro, le había asignado a él- no sin antes advertirme que fuera con cuidado, porque el papel almacenado durante tantas décadas tenía piojillo, que a él le daba repelús. Por semejante motivo, y porque yo sabría identificar dentro de cada expediente los documentos precisos me tocó la china de rebuscar en los archivos de la justicia militar. Reconozco que lo hice encantado, porque era algo que salía de la tediosa rutina diaria del cuartel y porque uno albergaba curiosidad histórica y jurídica por desempolvar aquellos procesos, hasta esa fecha prácticamente secretos.

Ya desde el comienzo me di cuenta de que aquél no era un trabajo del que fuera a salir incólume. Para escoger este o ese documento era preciso leerlo, y les aseguro que su lectura partía el corazón y repugnaba a cualquier persona de bien, y no digo ya a un abogado.

La mayor parte de los procesos de los que los familiares nos solicitaban testimonios correspondían a la represión que tuvo lugar en Menorca una vez que la isla fue ocupada por el ejército nacional. He de decir que me consta que la represión en la menor de las Baleares fue un toma y daca, puesto que mientras fue zona republicana se perpetraron allí toda clase de crímenes contra los supuestos defensores del alzamiento. Por tanto, la repugnancia que sentía no era tanto por las razones ideológicas que había tras aquellos procesos, sino por la burla y el escarnio a la justicia que constituían los consejos de guerra sumarísimos urgentes.

Para que se hagan una idea, todo el proceso, incluida la instrucción, podía durar algunas horas, incluyendo un juicio en el que el defensor del reo no era siquiera letrado, sino un militar sin conocimientos jurídicos asignado a tal función, para la que debía interpretar y aplicar el Código de Justicia Militar. Con la declaración escrita de dos testigos interesados que afirmasen haberte visto en tal o cual situación comprometida con la causa republicana, te podían enviar al paredón, y raramente se conmutaba la pena con la de reclusión perpetua, que era a lo máximo que se atrevía el defensor para no contrariar a sus jefes. Las ejecuciones, como en las películas, al amanecer del día siguiente en la fortaleza de La Mola, una vez que el mando militar competente daba su asentimiento al cumplimiento de la condena, absolución y tiro de gracia incluidos.

Naturalmente, no todo fueron condenas a muerte en estos procesos, de hecho la mayoría eran 'solo' durísimas penas de prisión. Y tampoco puedo descartar racionalmente que al menos una parte de los individuos que fueron 'juzgados' en tan repulsivos procesos fuesen realmente criminales. Esa no es la cuestión, lo relevante es que fueron encausados en una pantomima de proceso judicial, sin las más elementales garantías, de tal manera que resultaba indiferente si eran culpables o inocentes, porque las sentencias no eran más que un mero instrumento para asesinarlos o represaliarlos, algo que estaba decidido de antemano. El fin justificaba los medios. En el fondo, no eran más justos aquellos procesos que los fusilamientos sin causa judicial que se llevaron a cabo en ambos bandos al inicio de la contienda. Era solo una carnicería repugnante vestida de legalidad aparente para afianzar el poder de los vencedores.

Este miércoles, sentí vergüenza como jurista al contemplar cómo toda una presidenta del Parlament de Catalunya, sede de la soberanía popular del Principat, con la connivencia del President de la Generalitat y de los diputados que dan apoyo a la causa independentista despreciaba tan groseramente las leyes, los procedimientos y las garantías reglamentarias que rigen en cualquier estado de derecho, con el único fin de llevar adelante su propósito, reconocida y confesadamente inconstitucional, pese a las advertencias de los letrados del Parlament y hasta del Consell de Garanties Estatutàries, que no habían sido consultados pero que, ante semejante atropello a la razón, se vieron en la obligación de pronunciarse. Para qué esconderse haciendo bien las cosas, total, los independentistas ya habían decidido el resultado final y les importaba un pimiento saltarse procedimientos, garantías e informes, como manifestó sin sonrojarse la portavoz de Junts pel Sí, en una intervención que pasará a la historia de la ignominia parlamentaria.

De hecho, bien pensado, mejor no solicitar previamente dichos informes, pues así evitarían el tener que justificar ante los tribunales algún día por qué se había actuado en contra del parecer de los órganos consultivos. Hay que cubrirse las espaldas, por si acaso el proceso descarrila.

Ni Cataluña ni el independentismo honesto merecen ser dirigidos por esta banda de trileros para los que la ley solo ha de cumplirse si conviene a su causa. Escuchar, además, cómo se invoca una y otra vez la democracia -que se asienta en el imperio de la ley-, para burlarse de ella de la manera más atroz, resulta difícil de digerir.

La causa independentista es tan legítima como cualquier otra aspiración política, pero ninguna vale si es saltándose el estado de derecho y vulnerando las garantías de todos aquellos que, legal y constitucionalmente, tienen derecho a pronunciarse, incluidos usted y yo.

Por aquí, la tropa de ilusos que está aparentemente encantada con el procés catalán -algunos de ellos, miembros de nuestro Govern- y que románticamente lo alientan sin haber medido ni una sola de sus consecuencias, asistió a este atropello restando importancia al cumplimiento de la legalidad, como si fuese algo opcional. Las redes sociales dan cuenta de ello. Las declaraciones de algunos políticos ponen los pelos como escarpias.

Quizás deberíamos aplicar este principio tan prodemocrático y progre a la hora de decidir si arrendamos o no nuestro piso a turistas o si pagamos los impuestos que sufragan sus sueldos y el de todos los colocados afectos a su facción. Seguro que entonces este filibusterismo jurídico que ahora aplauden les parecería fatal.

El miércoles, sentado en el sofá ante la televisión, les juro que tuve la sensación de estar asistiendo a un consejo de guerra sumarísimo urgente en el Parlament de Catalunya, afortunadamente, incruento. Recen para que siga siendo así.