El debate del espionaje institucional

En Estados Unidos andan escandalizados porque hace unos días han descubierto que una agencia federal como el FBI, que allí depende del departamento de Justicia, recopila indiscriminadamente datos de llamadas telefónicas de millones de personas, aunque no su contenido. Esto se suma a las escuchas a periodistas de Associated Press conocida hace poco. El presidente Barak Obama ha defendido públicamente este viernes los programas de espionaje de llamadas y comunicaciones en Internet con el argumento de que cuentan con un “amplio apoyo” en el Congreso tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano. El debate sobre la seguridad nacional y la prevención y persecución del crimen y el respeto a los derechos fundamentales vuelve a estar más encendido que nunca. Obama aseguró que “nadie está escuchando sus teléfonos” y garantizó que el Congreso está informado de las salvaguardas y que “los jueces federales supervisan todo el programa”. Pero estas palabras no parecen tranquilizar a nadie.

En España aunque el Tribunal Supremo avaló en distintas ocasiones el sistema integrado de interceptación de telecomunicaciones, más conocido como Sitel, eso no evitó que el Partido Popular lo criticara con dureza, en especial a los ministros socialistas del Interior José Antonio Alonso y Alfredo Pérez Rubalcaba –actual secretario general del PSOE y líder de la oposición–. Sin embargo, una vez que la derecha llegó al poder no se ha vuelto a oír hablar de la malignidad de este “Gran Hermano” que permite grabar llamadas completas de fijos y móviles, ver los sms, e incluso geoposicionar a los interlocutores, lo que invita a pensar que el PP solo lo criticaba cuando no lo manejaban ellos, pero ahora que están en el poder ya no se muestran tan escrupulosos. De hecho, el control judicial de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en lo relativo a la entrada y registro en domicilio o la intervención de las comunicaciones lo ejerce un magistrado del Tribunal Supremo designado especialmente por el Consejo General de Poder Judicial, a solicitud del Secretario de Estado Director del CNI.

A menudo aparecen informaciones contradictorias sobre la posibilidad de que las grandes empresas de servicios y contenidos de Internet como Google, Apple o Facebook estén facilitando a los diferentes gobiernos acceso directo a los servidores centrales, algo que niegan tanto los gobiernos como las empresas, aunque estas se escudan en su “escrupulosa” política de protección de datos, que casi ningún usuario de las mismas ha leído jamás y podrían contener multitud de cláusulas abusivas y poco respetuosas con la privacidad y los derechos fundamentales.

Los departamentos gubernamentales afectados a menudo defienden la necesidad de llevar a cabo acciones para proteger a sus ciudadanos de los riesgos globales y especialmente del terrorismo, a la vez que garantizan que no infringen las leyes, lo que suena contradictorio y da rienda suelta a imaginar la desprotección en que el ciudadano está inmerso.