Penalva deja en libertad a un funcionario de Contratación

Otro de los funcionarios detenido por la adjudicación de la ORA ha quedado en libertad tras prestar declaración ante el juez de Instrucción, Manuel Penalva. El juez de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, ha dejado este jueves en libertad a un funcionario del departamento de Contratación del Ajuntament de Palma que fue detenido el lunes en el marco de la investigación de la adjudicación del servicio de regulación de aparcamientos, ORA, en 2013. El funcionario ha quedado en libertad tras prestar declaración durante más de una hora, en una comparecencia en la que ha negado haber cometido irregularidades, han informado fuentes jurídicas.

Dos funcionarias que prestaron declaración el martes ante el juez Penalva también quedaron en libertad tras comparecer y el magistrado archivó la causa para ellas. También ha declarado hoy ante el juez Penalva otro funcionario del departamento de Movilidad y está previsto que comparezca esta tarde un empresario, ambos detenidos el pasado lunes.

El Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional detuvo a 13 personas en el marco de esta investigación, entre ellos los exconcejales de Función Pública e Interior Irene San Gil y de Movilidad, Gabriel Vallejo, así como ocho funcionarios de las áreas de Contratación, Intervención y Servicios Jurídicos de Cort y uno de los responsables de la UTE adjudicataria de la ORA.

Se investiga la licitación y adjudicación del servicio de la (Ordenanza Reguladora de Aparcamientos) del Ayuntamiento de Palma en 2013, que fue adjudicado a la unión temporal de empresas que presentó la oferta más cara de 25,4 millones euros. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que el contrato fue amañado y que se beneficiaron cargos políticos.

Tanto San Gil (el lunes) como Vallejo (el martes) quedaron en libertad tras prestar declaración en la Jefatura Superior de Policía de Baleares. Este caso que instruye el Juzgado de Instrucción Número 12 de Palma está bajo secreto de sumario y constituye una pieza separada de la instrucción del caso de presunta corrupción en la Policía Local.