Foto: J. Fernandez Ortega
Este decreto destaca la figura de los proyectos residenciales estratégicos (PRE) para construir 20.000 viviendas en Palma y en los municipios del archipiélago de más de 10.000 habitantes, y fija medidas para castigar a los okupas.
El decreto 3/2025, de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo mediante la creación de los proyectos residenciales estratégicos (PRE), fue aprobado por el Consell de Govern hace un mes y ha recibido la aprobación de la Cámara autonómica con 32 votos a favor y 24 en contra.
En líneas generales, este decreto contempla el desbloqueo de suelos urbanos y urbanizables -ya previstos en el Plan General de Palma de 2023- para construir cerca de 20.000 viviendas, la mitad de ellas en régimen de protección, y la reducción de los plazos a entre un año y medio y dos años.
Además, establece que se deberá ceder el 15 por ciento del aprovechamiento al Ayuntamiento de Palma para hacer vivienda de protección pública y permitirá incrementar las edificabilidades y densidades de los suelos.
Para acceder a estas futuras viviendas de protección se requerirá al menos cinco años de residencia en el municipio en el que se ubique --de momento, en Palma--, de las cuales el 30 por ciento estarán reservadas a jóvenes de menos de 35 años.
Con ocasión del debate de ratificación del decreto en el pleno del Parlament, el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha dicho que el acceso a la vivienda es la mayor preocupación social y demanda en la comunidad, lo que representa un "auténtico desafío" que requiere "no mirar para otro lado". El propósito del Govern es afrontar este "problema y este drama: más vivienda asequible en nuestras islas para los residentes", ha reivindicado el conseller.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Seguidamente, Mateo ha pedido a todos los grupos seriedad y "evitar el oportunismo" a la hora de formular sus propuestas para mejorar el decreto y ha subrayado que la figura de los PRE "se inspira" en la política socialista de Francesc Antich y la 'ley Carbonero' de 2008. El titular autonómico de Vivienda ha agradecido desde la tribuna de oradores a Vox porque, sin su apoyo, no podría tramitarse este decreto y ha dicho que "las situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias".
Por su parte, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha manifestado que Baleares sufre una de las crisis habitacionales más acuciantes de España y que sus responsables son la expresidenta balear Francina Armengol y las políticas socialistas de los últimos ocho años, con una "obsesión enfermiza por castigar la propiedad privada, a los empresarios y a los emprendedores
Cañadas ha rechazado el principio de la "izquierda" de que "el mercado debe ser controlado" y ha añadido que el resultado de ello es que, hoy en día, en Baleares hay miles de familias que no encuentran donde vivir. "No se puede combatir una emergencia habitacional con ideología", ha añadido.
La futura ley incluye por iniciativa de Vox que los municipios con más de 20.000 residentes puedan crear áreas de transición, lo que permitiría convertir en urbanizable suelo rústico anexo a las zonas urbanas.
En su turno de palabra, el portavoz socialista, Iago Negueruela, ha dicho que el Govern "no es capaz ni de defender" sus propias iniciativas y le ha echado en cara que "no es de recibo" que se escude en la gestión del expresidente Antich, que sostenía: "La izquierda desclasifica lo que el PP recalifica" en favor del sector privado.
Las nuevas viviendas que promoverá el PP costarán como mínimo 330.000 euros, ha concretado Negueruela, que se ha preguntado cómo podrá adquirir una casa una camarera de piso, por ejemplo, que cobra 1.600 euros al mes.
Negueruela ha advertido que este decreto beneficia principalmente a los promotores con una plusvalía de la vivienda en Palma en solo dos años, de 2023 a 2025, por encima de los 600 millones de euros. "Han alterado el precio un 30 por ciento, nadie lo niega", ha apostillado.
El diputado de Més per Mallorca Ferran Rosa también ha lamentado que, con este decreto, el "negocio de unos pocos pasa por delante de la mayor parte de la vida de los mallorquines", con unos alquileres cada día más altos y unas hipotecas "inasumibles"
El decret llei d'habitatge del Govern està pensat, exclusivament, per fer 'pelotazos' i consumir més territori
"El PP se llena la boca de medidas urgentes, pero de proteger a las personas, nada de nada", ha lamentado Rosa, que frente a la especulación, "esta administración trumpista niega la realidad" y "enriquece a los de siempre".
El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha afeado al ejecutivo que "engañe a la gente" porque su política y su decreto "se cargan" la vivienda de protección oficial. "Su política no es para quien no tiene vivienda, sino que facilita que los promotores construyan a unos precios absolutamente disparatados", ha asegurado.
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Por su parte, la diputada de Podemos, Cristina Gómez, ha augurado que en Baleares se construirán "más viviendas, pero más caras"; eso sí, "la gente que se lo pueda pagar, tendrá casoplones". También ha insistido en la idea del "regalo" a los promotores de 600 millones de euros.
El decreto, en virtud del acuerdo alcanzado entre el Govern y Vox escenificado el lunes en una rueda de prensa y del apoyo que el pleno ha dado a esta posibilidad, comenzará ahora a tramitarse como proyecto de ley para incluir las enmiendas exigidas por los de Santiago Abascal.
A grandes rasgos, las modificaciones que está previsto que se añadan contemplan la extensión de los PRE a los 24 municipios de Baleares de más de 10.000 habitantes, la posibilidad de desarrollar proyectos urbanísticos en áreas de transición -lo que implicará reclasificar suelo rústico- en los 12 municipios de más de 20.000 habitantes y la exclusión de las personas condenadas por delitos de allanamiento de morada o usurpación de las ayudas en materia de vivienda.
La futura ley mantendrá la obligación de que al menos la mitad de las viviendas sean o bien de protección pública o bien de precio limitado. Se deberá ceder un 15 por ciento del aprovechamiento del suelo a los respectivos ayuntamientos para, entre otras cosas, facilitar el acceso a la vivienda a funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sanitarios, docentes o de Justicia.
<strong>Cerca de un centenar de personas se han manifestado este martes a las puertas del Parlament para protestar contra la política de vivienda del Govern del PP apoyada por Vox, y para exigir la retirada de este decreto ley.
Bajo el grito de 'Mallorca for the residents' -Mallorca para los residentes- y "políticos corruptos", un grupo de ciudadanos se ha concentrado este mediodía frente a Cámara Autonómica balear. Estas personas han sido convocadas por el GOB, Palma XXI y la Federació d'Associacions de Veïns de Palma.
Para estas entidades, el decreto de vivienda para desbloquear suelo en la capital balear, que previsiblemente se ampliará a otros municipios, es "el mayor pelotazo urbanístico de los últimos 50 años" y supondrá "un nuevo obstáculo" para el acceso a la vivienda.
Así, se han concentrado para trasladar su rechazado a la normativa con pancartas de "Gobierno insostenible", "La vivienda es un derecho no un negocio" y 'Make speculation great again'.
Según ha señalado la presidenta de Palma XXI, Cristina Llorente, en declaraciones a los medios, "detrás de un titular atractivo para la ciudadanía, como es el de conseguir nuevos suelos residenciales, se esconde el mayor pelotazo urbanístico de los últimos 50 años".
"Es un paso muy grave para el territorio y para la vivienda", ha lamentado Llorente, a la vez que ha agregado que si se amplía a otros municipios supondrá "un atentado a nivel territorial".
En concreto, ha criticado que con este decreto se modifica el Plan General de Palma aprobado hace dos años para dejar construir a los promotores un 45 por ciento más de edificabilidad en suelos urbanizables y se establece la posibilidad de reducir hasta una quinta parte el espacio público. "Esto es gravísimo a nivel de salud pública", ha advertido.
A su parecer, la parte "más preocupante" es que el 50 por ciento de viviendas que ya se tenían que destinar a protección oficial podrán ser a precio limitado, lo que supone un incremento del 30 por ciento en el precio de venta.
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