Las deudas con la banca mundial, en la Constitución, al nivel de los derechos humanos

Lo peor de que te dirijan incompetentes no es que no hagan nada bien, sino que marcan un listón que se convierte en nefasto punto de referencia para el resto de la sociedad. Lo último es realmente patético: el mismo Gobierno que ha elevado la deuda española desde el 40 a más del 80 por ciento del Producto Bruto Interno, el que ha defendido el gasto público como medida para reducir el paro, el que criticaba alegremente a Angela Merkel porque se oponía a gastar más, ahora modifica la Constitución para que quede allí, esculpido a cincel, la prohibición de endeudarnos y, sobre todo, la obligación de pagarle hasta el último euro a la banca mundial. La ministra de Economía, Elena Salgado, explicó innecesariamente en un programa de radio que esto no nos lo pide nadie, que es una decisión voluntaria del Gobierno, con el apoyo de la oposición, para tranquilizar a los mercados. Innecesario porque basta leer la disposición para comprender que el texto nos lo han pasado, incluso traducido al castellano. Ni más ni menos que la Constitución dirá el margen que tendrán las autoridades españolas para recurrir a la deuda. La última redacción del artículo 135 dice cosas tan alucinantes como que la deuda no podrá superar el valor de referencia establecido en los tratados europeos (cediendo a Europa una prerrogativa soberana básica) o que las entidades locales no podrán tener deuda, o que el pago de los intereses tendrá “prioridad absoluta”. ¿Cómo se puede hacer que la Constitución diga lo que ya dicen los tratados internacionales y que no hemos cumplido? ¿Cómo es posible que se prohiba el endeudamiento para todas las entidades locales (135.2), como si ciertas obras de alta rentabilidad para el futuro de esos municipios no pudieran hacerse con deuda? ¿Qué clase de gobernantes tenemos que se atreven a poner en la Constitución que el pago de los intereses de la deuda será “prioridad absoluta”, al lado otros artículos que proclaman derechos fundamentales como el de reunión o básicos como el de la salud? Ese artículo hace lo que jamás antes había ocurrido: incorpora al rango jurídico de los derechos humanos (todos ellos en la Constitución) el derecho de la banca extranjera a cobrar las deudas en España con “prioridad absoluta”. Antes el hambre que dejar de pagar a la banca mundial. Obviamente, esta medida amenaza con batir todos los niveles de estupidez, confirmando que cada vez que hay acuerdos entre los grandes partidos hay que ponerse a temblar. Existe una previsión para el caso indeseado de que un siniestro de importancia provocara una catástrofe en una región española, afectando elementos vitales como pueden ser los suministros eléctricos, de agua o de transportes. ¿Pero cuánto podríamos endeudarnos en ese caso? ¿Cómo se determina esa excepción prevista? ¿Cómo se decide la cuantía de la deuda en para estos casos? ¿Quién decide qué significa la excepción de la “sostenibilidad social”? ¿Podemos en cualquier momento modificar el límite porque hay una previsión para estos casos? ¿Pero alguien ha pensado lo que se está haciendo y que, por cierto, no se someterá a debate popular? Naturalmente que hay que limitar el endeudamiento, pero no a este rango de norma central del Estado. Esta reforma de la Carta Magna es crucial también por lo que implica indirectamente. Por ejemplo, ¿nos están queriendo decir que España se ha metido en este enorme agujero de deuda porque su Constitución lo permitía, que si no lo dice la Constitución no hay que ser responsable en la gestión del dinero de todos? ¿Si la Constitución no lo dice, no hay que tener sentido común? ¿Quiere decir que ahora ya no tendremos más crisis? ¿Quiere decir que la Constitución se puede modificar en cualquier momento, de urgencia, para corregir algo que no nos gusta? ¿Quiere decir que los ciudadanos no tenemos nada que opinar de una reforma pactada por los dos principales partidos? ¿Por qué, ya que estamos, no incluir que las instituciones no contratarán nada que no puedan pagar? Y, si es tan fácil cambiar la Carta Magna, ¿los mercados se van a creer  que ahora sí vamos a respetar estas normas? ¿Por qué no nos podemos desdecir mañana mismo, con la misma facilidad con la que desde hace ya un quinquenio venimos violando el techo de déficit fijado por Europa? Adicionalmente, aunque sin relación directa con lo anterior, me parece que en la España actual trasmitir la idea de que la Constitución la podemos cambiar fácilmente es abrir una dinámica potencialmente muy peligrosa. ¿Por qué no podríamos aprovechar este cambio para...? Los puntos suspensivos pueden ser rellenados con muchas ideas sensatas pero también con muchas tonterías que circulan como duros sevillanos. A mí me parece que, puestos a tocar la Constitución, sería mucho más útil incluir un artículo que determine que sólo tendremos gobernantes cualificados, informados, que conozcan lo que tienen entre manos y que tengan sentido de la responsabilidad. Pero, en ese caso nos quedaríamos sin gobierno. Y tal vez hasta sin oposición.