El buen gobierno

El Buen Gobierno…de la sanidad

Cuatro años han sido suficientes para que la crisis se ensañe con crudeza con los más débiles. El futuro continúa lleno de nubarrones e incertidumbres. Las balanzas públicas no consiguen equilibrar sus partidas y la repercusión sobre los más necesitados es cada vez más patente. Partiendo de esta premisa, empieza a ser cansino que el único discurso de la administración se base en recortes y que los objetivos se centren, casi en exclusiva,  en intentar controlar los conflictos que ellos mismos generan.

Los responsables políticos de un sector que necesita el 40 % del presupuesto para su funcionamiento,  que cuenta con un centenar de cargos de alta dirección, medio millar de cargos de confianza y que ocupa a más de 14.00 trabajadores, deberían aportar soluciones imaginativas, creativas e innovadoras para garantizar la calidad y sostenibilidad de la asistencia y no solo recortes. Falla el liderazgo, la competencia y la perspectiva temporal. No todas las comunidades sufren la crisis de credibilidad que nos afecta a nosotros. Aplican elementos de buen gobierno en la sanidad y la confianza en su sistema sanitario y la accesibilidad a las prestaciones se mantiene.

El buen gobierno de la sanidad parte de los principios a los que responde la sanidad pública (universalidad, equidad, solidaridad). Los atributos que son específicos de buen gobierno, son la rendición de cuentas, la responsabilidad, la participación, la eficiencia, la información, la trasparencia y la respuesta a las necesidades, demandas y expectativas de los ciudadanos.  Se conforma como un verdadero contrato social para una sanidad pública de calidad y eficiente con todos los sectores; pacientes, profesionales, agentes económicos y sociales y los propios partidos políticos. Los principios y los atributos de buen gobierno contribuyen al desarrollo de acuerdos de consenso para gobernar y gestionar la sanidad  pública, independientemente de quien gobierne. Algunas comunidades no han dudado en aprobar un reglamento que recoge los valores y principios compartidos del buen gobierno y la aplican a la organización y al funcionamiento de toda la sanidad.

El Manual del Buen Gobierno establece un decálogo de compromisos y recomendaciones generales. Respeta la profesionalidad en la gestión y en la asistencia. Habilita órganos de gobierno colegiados en la práctica totalidad de las organizaciones sanitarias. Se apoya en el asesoramiento y participación de los profesionales y se esfuerza en potenciar las buenas prácticas. ¿Como?  Implementando instrumentos que garantizan la competencia profesional y los comportamientos íntegros, desarrollando códigos de conducta, regulando los conflictos de interés y promoviendo medidas para garantizar conductas éticas, como las encaminadas a la prevención y detección del fraude y la corrupción.

Su principal objetivo es poder responder con precisión a las necesidades, demandas y preferencias de ciudadanos, ampliar al máximo el acceso y la transparencia en la información, y aumentar las posibilidades de elección. Nuestra sociedad demanda servicios específicos de atención a los ancianos, enfermos crónicos, mentales y dependientes en general.  Pero es que además, los recursos sociosanitarios bien gestionados, no solo contribuyen de forma decisiva a la eficiencia del conjunto de la sanidad pública sino que son potentes agentes de solidaridad y de justicia social.

En esta misma línea potencia estructuras efectivas de participación y asesoramiento profesional; implica activamente a todos los profesionales sanitarios en la sostenibilidad de la sanidad pública, en la elaboración de políticas de salud, en la gestión y en la toma de decisiones.

Si contrastamos nuestra realidad con las conductas de buen gobierno, tenemos que esforzarnos mucho para encontrar elementos de confluencia. No es posible renovar el compromiso con la sociedad sin una sobredosis de autocritica y de competencia. La velocidad de crucero de las distintas comunidades es distinta. La financiación es un elemento diferenciador; la competencia de sus gobernantes también. Financiación y competencia marcan en gran medida la calidad de sus servicios públicos. Solo una depende del dinero.