Validado el decreto contra la oferta ilegal de taxis en Baleares

El pleno del Parlament ha aprobado con los votos a favor del PP, PSIB y del diputado Antoni Pastor la validación del Decreto Ley 6/2012, de 8 de junio, con el que se pretende luchar contra la oferta ilegal de taxis que se da en la comunidad, especialmente en Ibiza y en temporada turística.

El conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Biel Company, ha explicado que esta normativa, que ha contado con la abstención de los parlamentarios del PSM-IV-ExM y Més per Menorca, sancionará a las personas que den este servicio de "taxis ilegales", con lo que, según ha dicho, se "afecta a la imagen de las islas" y puede ocasionar problemas de seguridad vial.

Por su parte, el diputado del PSM-IV-ExM, Antoni Alorda, ha criticado que el Govern lleve en un año el doble de Decretos Ley aprobados por el pasado Ejecutivo autonómico durante la anterior legislatura. Esta "mecánica" que lleva a cabo el Govern de José Ramón Bauzá "de debe acabar y por eso no votaremos a favor" de la normativa, ha explicado.

"CON CADA DECRETO LEY, BAJA LA CALIDAD DEMOCRÁTICA"

"Con cada Decreto Ley la calidad democrática baja un escalón", ha dicho Alorda, quien también ha indicado que si impugnasen uno a uno estos decretos, "pocos superarían el examen de constitucionalidad", ha afirmado el diputado de la coalición econacionalista, quien ha lamentado que esta "medida excepcional" se haya convertido "en el pan nuestro de cada día".

En cualquier caso, Alorda ha criticado también algunos "términos indeterminados" de la normativa como la definición de infracción leve, o que se responsabilice a los propietarios de los vehículos de esta oferta de taxis ilegales, con lo que se puede perjudicar, ha dicho, a los rent a car y a los coches que hayan sido robados, aspecto que ha negado el PP.

Por su parte, el diputado del PSIB Xico Tarrés ha tildado el decreto de "paso adelante" para ayudar a solucionar este problema que es "grave" en Ibiza, "no tan grave" en Mallorca y "prácticamente inexistente" en Menorca.

Según el socialista, para poner fin a la oferta ilegal de taxis, se deben atender a diferentes aspectos como son proceder a una correcta regulación del sector del taxi, que el transporte público sea suficiente y que haya instrumentos para sancionar a los infractores. Además, ha lamentado que no vaya a haber suficientes inspectores para aplicar estas sanciones y ha destacado la necesidad de controlar a quién se dan las licencias de taxi.

SANCIONES DE ENTRE 3.000 Y 12.000 EUROS

Mientras, el diputado del PP Carlos Veramendi ha calificado la normativa de "necesaria y urgente" y ha explicado que contempla sanciones de entre 3.000 y 12.000 euros, lo que supone un incremento de las cuantías en relación, por ejemplo, con las que se aplican en zonas como Palma.

El 'popular' también ha remarcado que este decreto cuenta con el consenso del sector del taxi, que lo califica de "excelente" para acabar con esta economía sumergida que se ha incrementado durante los últimos años con la crisis económica.

Finalmente, Veramendi ha destacado algunas de las medidas cautelares que recoge la norma como es la inmovilización inmediata de estos "taxis pirata" y la retención de la documentación de los vehículos. Se trata, ha remarcado, de una normativa "propia, actualizada y específica" que cuenta con un "régimen sancionador muy específico".