El porcentaje de mallorquines que considera que en la isla viven demasiados inmigrantes ha ido aumentando con el paso de los años. Si en 2008 había un 60% de la población que lo consideraba, y en 2010 un 63%, en la última encuesta realizada este año por Gadeso la cifra ya alcanza un 72%.
En cifras similares, un 74% de la población es partidaria de restringir el acceso a la sanidad pública a los “sin papeles” como medida para reducir el gasto público. Los argumentos esgrimidos son que la crisis obliga a aplicar estas medidas (71%), que así se evita el fraude sanitario de los irregulares (23%) y también la ausencia de reciprocidad en sus países (6%). En este sentido, el 83% de los mallorquines –según el estudio- consideran que deben ser expulsados, un 14% dudan de cual es la mejor medida y el 3% opina que se les debería regularizar.
En referencia a los inmigrantes regulares, es decir, los inmigrantes con papeles, para el 78% de los encuestados merecen una opinión negativa esgrimiendo que ocupan puestos de trabajo de los autóctonos (67%), saturan los servicios públicos (28%) y no quieren integrarse (5%).
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