El descontrol en las subvenciones arroja dudas sobre el asociacionismo

Dos directivos de todo el entramado de organizaciones de gays, lesbianas y transexuales han sido encarcelados por la comisión de supuestos delitos de apropiación de las cuantiosas subvenciones que el Govern Balear o el Consell de Mallorca otorgaban a estos movimientos. Al parecer, según las investigaciones policiales publicadas en los medios de comunicación, estas dos personas se quedaban el dinero, presentando a la Administración justificantes idénticos para diversas subvenciones, listas de falsos asistentes a los cursos, y otras irregularidades bastante chapuceras. La Policía, por lo que se deduce de las informaciones, no ha tenido que aplicarse a fondo en sus pesquisas porque las evidencias incluían cosas tan llamativas como que los sospechosos cobrarían hasta seis salarios diferentes de otras tantas entidades que habían constituído.

La cuestión nos conduce a lo que es aquí el verdadero escándalo: la inoperancia de la Administración pública a la hora de conceder subvenciones con un fin determinado. No se trata de que los funcionarios deban llevar a cabo complejas investigaciones en cuentas secretas sino de que, como en este caso, cotejen que las sociedades subvencionadas presentaban los mismos recibos de gastos, por los mismos conceptos. No se pide que se disfracen de agentes secretos y vayan a buscar a los alumnos de los cursos allí donde se encuentren, sino de identificar a uno de ellos y así poder saber si el curso ha existido o no. Yo diría más: se trata de ver si esos cursos los puede soportar una persona normal; si son bodrios insufribles la cosa empieza a ser sospechosa. Cuando se aprencia el escaso o nulo esfuerzo que se aplicaba en dar un camuflaje digno a las operaciones, se percibe la seguridad con la que se actuaba y la sensación de impunidad que se debería tener.

El tema tiene una gran trascendencia porque la Administración pública aporta ingentes cantidades de subvenciones cada año, entre otros a organizaciones cuyos miembros suelen defender indirectamente a los partidos que les benefician. En algunos casos ni siquiera el objeto general de la ayuda es defendible, pero en la mayor parte de las ocasiones son funciones que deberían depender del propio Govern, del propio sector público, y que se dejan en manos privadas. En este caso concreto, por ejemplo, se aportaban estas cantidades entre otras cosas para atender mujeres que sufren malos tratos. ¿Debe el Govern dejar que entidades privadas lleven a cabo la atención social de estas personas? No preguntemos ya si, además de pagar, como vemos, esta acción no existe sino que beneficia a unos pocos.

Esta situación, ahora en proceso penal, se suma a otros casos que no están bajo la lupa de la policía pero que han circulado por Palma en relación a funciones formativas, educadoras, y de dinamización social que suelen quedan en organizaciones muy polémicas, que suelen asumir papeles políticos cuando se llega a momentos críticos. La sombra de duda es bastante poco alentadora y debería conducir a nuestros políticos a replantear el modelo operativo en este sentido. En todo caso, supongo que la crisis está ayudando a poner las cosas en su sitio.