El Colegio de Educadores y Educadoras Sociales de les Illes Balears (CEESIB) y el Colegio Oficial de Trabajo Social de les Illes Balears (COTSIB) han emitido un comunicado conjunto para condenar el asesinato de la profesional María Belén C.F., ocurrido en su lugar de trabajo en un centro socioeducativo de Badajoz.
Ambos colegios profesionales del ámbito social expresan su indignación ante este trágico suceso y transmiten sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima. Además, denuncian la precariedad y el déficit de recursos en el sector de la intervención social, lo que pone en riesgo tanto a los profesionales como a las personas usuarias de estos servicios.
Ambos organismos alertan sobre la gestión de estos programas por parte de empresas multiservicio, cuyo objetivo principal es el beneficio económico, y exigen mejores condiciones laborales, mayor seguridad y un reconocimiento adecuado de la labor de estos profesionales.
Asimismo, instan a las instituciones de Baleares a revisar la normativa vigente en cuanto a ratios, recursos económicos y apoyo psicosocial, además de actualizar y mejorar las políticas de prevención y tratamiento de menores en situación de riesgo.
Finalmente, solicitan al Govern de les Illes Balears que evalúe las condiciones de trabajo y seguridad de los profesionales que atienden a jóvenes y adolescentes con medidas judiciales, garantizando entornos laborales dignos y protegidos.
Violeta Rojas, presidenta del COTSIB, ha atendido a mallorcadiario.com para explicar la postura del Colegio: "Las condiciones laborales no son las mejores. Hay que tener en cuenta que trabajamos con personas que pueden estar en el peor momento de sus vidas. No es un trabajo fácil y hay que estar preparados, por eso creemos que es necesario más personal y que sea cualificado".
"Queremos contar con más apoyo institucional, con protocolos de actuación claros y con un reconocimiento profesional que no siempre tenemos. Además, se deberían regular los reglamentos de los centros", reivindica Rojas.
El sindicato Comisiones Obreras de Baleares también ha denunciado la falta de seguridad de los educadores de medio abierto en la atención a menores e instan a la Conselleria de Familias y Asuntos Sociales que implemente medidas y recursos que garanticen un entorno laboral digno y seguro para estos profesionales.
"Los educadores de medio abierto desempeñan un papel crucial en la atención y apoyo a colectivos de menores, pero actualmente enfrentan serias preocupaciones en cuanto a su seguridad. La falta de recursos y medidas adecuadas no solo pone en riesgo a los educadores, sino que también afecta la calidad de atención que pueden ofrecer a los menores y sus familias", explican desde CCOO.
Además, informan que han solicitado formalmente a la conselleria que dirige Catalina Cirer que adopte medidas para abordar esta problemática. "Es fundamental que se establezcan protocolos de seguridad y se proporcionen los recursos necesarios para que los educadores puedan realizar su labor sin temor y en un ambiente que respete su dignidad y profesionalidad", exigen desde CCOO.
Bel Mas, delegada sindical de la sección de Servicios Generales de la CAIB-CCOO, pone énfasis en que los trabajadores tienen miedo, ya que los educadores de medio abierto atienen a menores conflictivos y a sus familias en horario de tarde y en instalaciones donde no hay nadie, sin personal ni medidas de seguridad. "No son situaciones normales", lamenta la sindicalista.
El Colegio Oficial de Psicología de Baleares (COPIB) se ha sumado a la condena y ha pedido reflexionar sobre la necesidad de proteger a los profesionales de la intervención social. En su opinión, lo sucedido en Badajoz pone de relieve la importancia de que las administraciones refuercen las medidas de prevención y protección de las que disponen los educadores, asegurando que pueden desempeñar su labor de forma segura y digna.
"Es necesario evitar la externalización de servicios, y que conlleva una precarización de las condiciones laborales. Además, es precios mejorar aspectos como la dotación de personal, la rotación de las plantillas y las medidas de seguridad en los centros", han subrayado los psicólogos de las Islas.
Ante esta situación, el COPIB se ha puesto a disposición del colectivo de educadores sociales "para colaborar en cualquier iniciativa que contribuya a mejorar su protección y a reconocer la importancia de su labor, esencial para el bienestar social".
Las numerosas muestras de apoyo a los profesionales del ámbito social han surgido tras el asesinato de Belén C., una educadora social de 35 años, en un piso tutelado de Badajoz. Los presuntos responsables son tres menores: dos chicos de 14 y 15 años y una chica de 17. Según fuentes policiales, los jóvenes agredieron violentamente y asfixiaron a la víctima antes de huir en su vehículo, siendo posteriormente detenidos en Mérida. Los tres sospechosos han sido ingresados en un centro de régimen cerrado por orden del de la Fiscalía de Menores.
Trabajadores del centro habían expresado previamente preocupaciones sobre el comportamiento de estos menores, muy agresivos y problemáticos. Además, se ha señalado la falta de medidas de seguridad adecuadas en estos centros, como la ausencia de vigilantes y la práctica de que los educadores trabajen solos durante turnos nocturnos.
Este trágico incidente ha reavivado el debate sobre la edad de responsabilidad penal en España y la eficacia de la Ley Orgánica 5/2000, que establece que los menores de 14 a 18 años son penalmente responsables bajo un régimen especial. Las sanciones para delitos graves, como el asesinato, pueden variar desde uno hasta ocho años de internamiento en régimen cerrado, dependiendo de la edad del infractor.
Paralelamente, se ha observado un incremento en la agresividad y violencia entre menores en España. Informes recientes indican un aumento en delitos violentos y conflictos en entornos educativos, lo que ha llevado a expertos a analizar factores como la banalización de la violencia y la falta de comunicación efectiva para gestionar la impulsividad juvenil.
Tras el asesinato de Belén, colectivos de educadores sociales han exigido mejoras en las condiciones laborales y de seguridad en los centros de menores. Se han llevado a cabo manifestaciones en las que se ha solicitado una revisión de la edad penal y la implementación de medidas que garanticen entornos más seguros tanto para los profesionales como para los menores atendidos.
La consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, ha condenado el asesinato de una educadora de 35 años en un piso tutelado de Badajoz y ha defendido que en Baleares se trabaja de forma responsable en temas de justicia juvenil.
"Trabajamos con el corazón y la vista puesta en este hecho, pero seguimos con la misma dinámica y ritmo de trabajo que hasta ahora", ha dicho la consellera este miércoles en una rueda de prensa, tras ser preguntada por las mejoras reclamadas por trabajadores y educadores sociales de Baleares.
En este sentido, Cirer ha explicado que actualmente hay 67 niños y dos niñas en los centros de justicia juvenil de Es Pinaret y Fusteret y unos 420 expedientes abiertos activos de medio abierto.
Según Cirer, hay reuniones continuadas con los comités de empresa de los centros y los representantes sindicales y los trabajadores no trabajan de forma aislada a las directrices propias de la Conselleria. "Hay una relación directísima y diaria, si es necesaria, con todos los trabajadores", ha asegurado Cirer, quien ha concluido que la relación es estrecha, "como no podría ser de otra manera".
El Ministerio de Juventud e Infancia ha asegurado que está ultimando un borrador de relamento para establecer unas "condiciones mínimas" de trabajo en centros de acogida de menores. Está previsto que la próxima semana vaya al Consejo de Ministros. El decreto incluirá un protocolo de inspección en el que se establecerá un régimen sancionador y habrá ratios de trabajadores por niños. Actualmente hay unos 50.000 menores tutelados en todo el país, entre la acogida residencial y familiar.
Sindicatos y colegios profesionales han convocado una concentración este próximo viernes a las 18 horas en la Plaza España de Palma para exigir mejoras laborales y de seguridad para los trabajadores; además de condenar el asesinato de la educadora social Belén C. en Badajoz.