Al ojear la prensa digital del 6 de marzo, me sorprende una noticia publicada en el periódico digital La Razón, donde se afirma de forma categórica: "El fin de los okupas está más cerca". Este titular, al parecer, se apoya en la reforma de la Ley de Eficiencia del Servicio de la Justicia, la cual supuestamente permitirá tramitar los casos de okupación por la vía rápida, bajo el procedimiento de juicio rápido, de modo que las vistas podrían celebrarse en 15 días.
Sin embargo, la afirmación de que el desahucio se producirá inmediatamente después del juicio no es del todo cierta. Siempre existe la posibilidad de presentar recurso ante un órgano superior, en este caso, la Audiencia Provincial, lo que retrasaría aún más la sentencia. A esto hay que sumar el proceso de solicitud y ejecución del desalojo, lo que implica que, en la práctica, el calvario judicial seguirá siendo el mismo.
Sinceramente, no creo que esta afirmación se corresponda con la realidad. La reforma solo adelanta, en teoría, la fecha del juicio—siempre que los medios judiciales lo permitan—pero no agiliza todo el proceso posterior que sufre el propietario.
En el mismo artículo se menciona que el okupa no podrá alegar vulnerabilidad, ya que se trataría de un delito flagrante. Para aclarar al lector, un delito flagrante ocurre cuando el okupa es sorprendido en el acto de entrar en la vivienda. Actualmente, cuando esto sucede, las fuerzas de seguridad ya actúan, detienen al infractor y devuelven la posesión al legítimo dueño. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la vulnerabilidad sí podrá ser alegada una vez que la vivienda ya ha sido okupada, lo que nos lleva de nuevo a la misma problemática.
Recurrir a la vía penal implica acusar a personas concretas, lo que supone un problema a la hora del desalojo. Ganar el juicio no es complicado, pero ¿qué pasa en el momento del lanzamiento?
El procedimiento solo afecta a las personas identificadas en el juicio, lo que abre la puerta a una estrategia recurrente de los okupas:
1.- Ocupan mi piso y llamo a la policía, que identifica a Pepe y Lolo.Por esta razón, bancos, fondos de inversión y propietarios particulares que deciden acudir a la vía judicial optan por la vía civil, que aunque más lenta, es más segura al dirigirse contra los ignorados ocupantes. Esto implica un proceso de dos años y medio o tres años, mientras desconocidos duermen en mi cama y usan mi baño.
La realidad es que, hasta que los políticos no aprueben leyes que den poder a las fuerzas de seguridad para desalojar a los ocupantes sin título legal, nada cambiará. Seguiremos viendo cómo se presentan documentos falsos y cómo los propietarios continúan atrapados en un calvario judicial interminable.
Jorge Fe Masso