Ali Kouch ha sido condenado a prisión permanente revisable por asesinar brutalmente a su esposa embarazada y a su hijo de siete años en Sa Pobla en 2021. Es la primera vez que un tribunal impone esta pena en las Islas Baleares, lo que da idea de la gravedad de los hechos que han sido declarados probados tras el juicio.
La prisión permanente revisable fue introducida en el Código Penal en 2015 para castigar los delitos más graves y atroces. Partidos como el PSOE, Izquierda Unida, CiU, PNV y UPyD, entre otros, manifestaron entonces su oposición a esta pena, argumentando que vulneraba principios fundamentales del sistema penal y también que atentaba contra los Derechos Humanos.
El Tribunal Constitucional, sin embargo, desestimó en octubre de 2021 el recurso de inconstitucionalidad presentado por 50 diputados contra el artículo único de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de modificación del Código Penal, que introdujo la pena de prisión permanente revisable. El tribunal de garantías dictaminó que la medida no es desproporcionada y no vulnera el derecho a la libertad personal ni otros derechos fundamentales, ya que el cumplimiento en centro penitenciario de un mínimo de 25 años –y de 28, 30 y 35 años en casos especiales de pluralidad de condenas, terrorismo y organización criminal– es una respuesta penal que no excede de manera manifiesta la prevista en otros supuestos de delincuencia grave.
La sociedad exige que determinados criminales cumplan íntegramente y sin progresión de grado, sus condenas privativas de libertad
Ante crímenes de extrema crueldad y ensañamiento, como el cometido por Kouch, parece oportuno que el ordenamiento jurídico disponga de herramientas adecuadas para proteger a la sociedad y garantizar una justicia proporcional. La prisión permanente revisable no es una condena perpetua sin esperanza, ya que contempla la posibilidad de revisión y reinserción, siempre que se cumplan ciertos requisitos y se evalúe la rehabilitación del condenado.
La seguridad ciudadana y la justicia para las víctimas deben prevalecer sobre ideologías o intereses partidistas. Y no cabe duda de que la mayoría de la sociedad exige que determinados criminales cumplan íntegramente y sin progresión de grado, sus condenas privativas de libertad, dada la magnitud del delito cometido. Es el caso de Alí Kouch, que ha sido juzgado por un jurado popular y justamente castigado, lo que no impedirá que un día alcance la libertad si demuestra haberse rehabillitado y merecer su reinserción en la sociedad. Dentro de muchos años.