El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se ha mostrado eufórico celebrando la llegada de casi 94 millones de turistas extranjeros en 2024, una cifra que ha calificado de “magnífica”, destacando el liderazgo de España en el sector turístico. Sin embargo, Hereu mostró su preocupación en “repartir correctamente los beneficios para la sociedad a nivel laboral y social y para la convivencia en las ciudades”. Esta declaración es profundamente ideológica y deja de lado espinosas cuestiones que afectan a la industria turística.
La implementación del nuevo registro de viajeros, establecido por el Real Decreto 933/2021, ha generado extensas críticas en el sector. Hoteles y agencias de viajes señalan que la normativa impone cargas burocráticas adicionales y dispara los costes operativos, lo que afecta negativamente a pequeñas y medianas empresas. Y eso dejando de lado otro aspecto igualmente grave: la intromisión ilegítima en la privacidad de los viajeros y la vulneración de derechos fundamentales.
La proliferación de alojamientos turísticos ilegales continúa siendo un problema
También la proliferación de alojamientos turísticos ilegales continúa siendo un problema que, además, daña la oferta de vivienda disponible en muchos lugares de España. Baste ver que sólo en Mallorca se han abierto 179 expedientes relacionados con ofertas turísticas no autorizadas, con multas que suman 4,4 millones de euros. Esta competencia desleal no solo afecta a los operadores turísticos, sino que también perjudica la imagen del destino.
Igualmente, el sector turístico enfrenta una escasez de personal cualificado, lo que impacta negativamente en la calidad del servicio y la competitividad. Existe un desajuste notable entre la oferta y la demanda de empleo, lo que pone sobre la mesa la necesidad de políticas que fomenten la formación y retención de talento.
Eso, sumado al elevado absentismo laboral, afecta la eficiencia operativa y la rentabilidad de las empresas turísticas. Este problema requiere atención de empresas y autoridades laborales, algo que no parece inquietar al ministro Hereu.
Si bien es loable que el ministro abogue por una distribución equitativa de los beneficios del turismo, en su mano está abordar aspectos más terrenales y que son directa competencia gubernamental del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez.