Lo ha dicho este miércoles, a preguntas de los periodistas, en una rueda de prensa para presentar los nuevos convenios firmados por su Conselleria con el Instituto Balear de Estadísticas (Ibestat) y la Agencia Tributaria (ATIB) para impulsar el Observatorio de Vivienda.
Así, después de que el Consejo de Ministros aprobara este martes un nuevo real decreto ley que incluye, entre otras medidas, las ayudas para la gratuidad del transporte público, Mateo ha pedido al Ejecutivo estatal que aporte a Baleares una cantidad suficiente para completar el gasto íntegro de las bonificaciones.
El año pasado, de forma verbal, desde la administración autonómica trasladaron al Ministerio de Transportes su pretensión de que la subvención ascendiera a 63 millones de euros, aunque finalmente se quedó en 20 millones de euros menos, la misma cantidad que en 2023.
"Se hizo saber al Ministerio que fueron insuficientes, tuvimos déficit en los dos ejercicios", ha apuntado el conseller. Los 63 millones es la cantidad que se les trasladó desde el Gobierno a finales del año pasado, ha admitido, pero ésta no es una "cifra cerrada".
"Vamos a insistir en que sea aquella que nosotros justifiquemos y que responda al gasto real del transporte en Baleares. Insistiremos en que sea acorde al gasto íntegro", teniendo en cuenta el incremento de los usuarios y de las líneas de transporte público, ha insistido el conseller.
Mateo, además, ha recordado que las ayudas estatales tan solo cofinancian la gratuidad, pues desde la administración autonómica también destinan una cantidad, aunque en el real decreto ley aprobado por el Gobierno se hable de "bonficación íntegra".
Además, ha reprochado al Ministerio que dirige Óscar Puente que su comunicación con las Comunidades Autónomas sea "mínima" y le ha reclamado que las ayudas sean claras y se conozcan con anticipación. "Vamos improvisando cada diciembre", ha lamentado.
Mateo también se ha referido a una de las medidas adicionales que incluye el nuevo decreto ómnibus pactado con Junts -y que no estaba incluido en el anterior, que decayó en el Congreso-, la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos.
Así, el conseller ha insistido, como ya ha hecho su departamento en diversas reuniones con el Ministerio de Vivienda, que no solo se aumenten las ayudas sino que también se apoye a las Comunidades Autónomas en la agilización de los procedimientos con, por ejemplo, mayor dotación de personal.
"Lo que hacemos es pedir al Ministerio, ¿nos van a financiar?, ¿nos van a ayudar a contratar personal para gestionar lo que ello supone? Estamos estudiando el real decreto ley en profundidad para conocer el conjunto de medidas y ver hasta dónde podemos llegar", ha dicho.
No obstante, ha criticado que el Ejecutivo central diseñe medidas de este tipo sin permitir que las administraciones autonómicas colaboren. "Estamos muy acostumbrados a que Pedro Sánchez invite, pero que paguen los demás. Esto no puede ser", ha señalado.
Sobre este tema también se ha pronunciado el director general de Vivienda y Arquitectura del Govern, José Francisco Reynés, quien ha considerado que los avales son "una garantía que puede ayudar" a paliar los problemas de acceso a la vivienda.
"Pero si están referenciados al índice de alquileres del Ministerio, nos crea dudas por la diferencia entre los alquileres reales y los que están publicados en el índice. Veremos cómo evoluciona el reglamento y sus condiciones efectivas, que antes de seis meses tienen que estar aprobados", ha concluido.