Dos miembros del Comité de Empresa, pertenecientes a la Unión Sindical de Trabajadores de Emaya Calidad Urbana USTE, fueron despedidos indebidamente con prácticas antisindicales y como represalia por su oposición a determinadas decisiones de la dirección de Emaya, cuando no logró doblegarles y ponerles de su lado. La guerra emprendida contra aquel sindicato amenaza con llegar a los tribunales.
Otro empleado sin vinculación sindical, vio modificadas sus funciones, condiciones salariales y de horario, bajo el pretexto de una serie de discrepancias derivadas de la gestión de auditorías internas y otras relacionadas con la solicitud de imágenes de unas cámaras de videovigilancia en las que aparecían el trabajador y la directora de Servicios Corporativos. El tribunal consideró que se trató de un castigo encubierto, lo que vulneró sus derechos. Tuvo que ser indemnizado con 15.000 euros y recolocado en su antiguo puesto.
Así se las gasta el equipo directivo de Emaya, con Lorenzo Morey al frente de la gerencia. El temor se ha apoderado de la plantilla, pues contrariar a la dirección se paga muy caro. Quienes se sitúan a su lado y se pliegan a su voluntad, son premiados con ascensos que conllevan más sueldo. Los pocos que se atreven a criticar, oponerse a sus planes o incluso reclamar sus derechos, pueden sufrir atropellos y represalias. Esto sucede incluso entre los miembros del Comité de Empresa, donde dos sindicatos se alinean permanentemente con la dirección, lo que genera enorme malestar e indignación entre el resto de la plantilla.
La Justicia ha anulado un despido y declarado improcedente otro, obligando a Emaya a indemnizar a los perjudicados. Pero la empresa ha recurrido y, además, los ha vuelto a despedir, abriendo otra batalla judicial que acabarán pagando todos los ciudadanos de Palma; sin que nadie en Emaya asuma la menor responsabilidad. Así, Emaya procedió a formalizar un nuevo despido “ad cautelam”, lo que ha motivado más impugnaciones judiciales. La estrategia de la empresa es clara y evidente: un despido detrás de otro, diga lo que diga la Justicia, para librarse de los díscolos.
Este segundo despido de los sindicalistas se basa, al parecer, en los mensajes de un grupo de Whatsapp a los que Emaya tuvo acceso tras requerir a una afiliada de USTE su móvil particular y el código pin para desbloquearlo y acceder a toda la información que contenía.
Por orden de Nuria Gallego, –la directora de Servicios Corporativos y Recursos Humanos que, también comanda el departamento Económico Financiero, los Servicios Jurídicos y de Contratación de Emaya, con lo que supone tal acumulación de poder en una sola persona–, se procedió al volcado de todos los chats y conversaciones contenidas en el grupo de Whatsapp, desde el 4 de julio de 2018 al 3 de abril de 2024. Una ingente cantidad de información privada, generada durante casi seis años, que pasó a estar en manos de los directivos de Emaya y que ha sido utilizada para descabezar a USTE.
Una abogada de la empresa estuvo trabajando durante el mes de agosto para revisar todos los mensajes de Whatsapp de la ejecutiva del sindicato USTE, de lo que iba dando cuenta a Nuria Gallego.
Pero eso no es todo. En noviembre del año pasado, el sindicato USTE denunció ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Baleares todo lo ocurrido. La denuncia incluye un relato inquietante, por el que un representante sindical afirma haber sido encerrado en un despacho de la dirección de Emaya, para animarle a “dar un golpe de estado” en la organización. Y, según la denuncia a la que ha tenido acceso mallorcadiario.com, para garantizarle “ayuda laboral y económica de la empresa”. El empleado reconoció haberse sentido “avasallado e intimidado”.
Según ha podido saber este digital, existe otra denuncia en Inspección de Trabajo donde se aporta la transcripción de una conversación de Nuria Gallego con representantes sindicales de USTE en su despacho, que resultaría muy comprometedora para la dirección de Emaya.
CORT RESPALDA A LA DIRECCIÓN
El teniente de alcalde de Medio Ambiente y presidente de Emaya, Llorenç Bauzá, respaldó al equipo directivo de la empresa pública, en su decisión de no readmitir a los sindicalistas cuyos despidos fueron declarados nulos o improcedentes por los tribunales. En respuesta a una moción de Vox en el pleno del mes de septiembre, Bauzá defendió la decisión de Emaya de recurrir las sentencias, alegando que en ellas se constatan hechos graves que habrían protagonizado los sindicalistas despedidos.
Únicamente Vox votó a favor de readmitir a los despedidos. El resto de grupos municipales optó por mirar hacia otro lado e ignorar las vulneraciones de derechos por parte de Emaya, constatadas repetidamente. Pero el rosario de causas judiciales y expedientes abiertos por la Inspección de Trabajo, pueden terminar por aguar los planes del actual equipo directivo.