El Govern ha reclamado al Gobierno central la retirada del anteproyecto de ley para la reducción de la jornada laboral, al entender que se trata de una "imposición" y ha solicitado que se atiendan las particularidades del mercado laboral de Baleares.
El Govern rechaza la reducción de la jornada laboral. Así lo ha indicado la secretaria autonómica de Trabajo, Empleo y Diálogo Social, Catalina Cabrer, quien ha propuesto que la medida se dirima en el diálogo social para evitar crear una "tensión" que, desde su punto de vista, "amenazaría la paz social".
"La paz social es la condición 'sine qua non' para que un territorio pueda desarrollar un proyecto, afrontar los problemas que tiene y sus tareas", ha alegado.
Cabrer ha destacado los datos de empleo de Baleares que cerró 2024, con una media de 570.000 afiliados a la Seguridad Social y menos de 30.000 parados, algo que ha justificado que se debe al "esfuerzo" del tejido empresarial, los trabajadores y los autónomos.
En ese sentido, ha defendido que en Baleares el 20 por ciento de los asalariados son autónomos y trabajadores contratados por autónomos, por lo que ha resaltado que hay "mucha pequeña y mediana empresa" en el archipiélago. Además, ha manifestado que en todos los convenios colectivos sectoriales firmados en el sector privado se han pactado jornadas de 40 horas semanales y, a nivel de empresa, suelen pactarse 40 o 39 horas semanales de media.
"Esto quiere decir que las patronales y los sindicatos en Baleares no están jornadas tan reducidas (como las 37,5 horas propuestas por el Gobierno central) y esto se tiene que escuchar, porque el Govern tiene la sensación que el proyecto no ha hecho reflexiones por territorio", ha subrayado.
Otro de los argumentos que ha puesto encima de la mesa es la falta de trabajadores que hay en Baleares, dado que tiene un sistema económico basado en los servicios y "no se puede consentir una medida de café para todos sin tener en cuenta las particularidades de las Islas".
Por su parte, el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha defendido que el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) debe acometerse de manera pactada y sin imposiciones.
"Somos muy partidarios de que las decisiones se tomen fruto del consenso y somos poco dados a las imposiciones por parte de la administración pública", ha señalado a preguntas de los medios tras la convocatoria de la Mesa de Diálogo Social por parte de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para acometer una subida del SMI a los 1.184 euros.
Antoni Costa ha insistido en que al Ejecutivo autonómico le parecerá "perfecta" una subida del SMI pactada entre patronal y sindicatos con el apoyo del Gobierno.
"El consenso es muy importante en este tipo de materias", ha afirmado el conseller, que ha recomendado "paciencia" a Yolanda Díaz porque el consenso "no se consigue en dos días ni negociando deprisa y corriendo".