Esta decisión pone fin a meses de debate político y tensiones vecinales sobre el impacto ambiental y social que podría tener este proyecto, de haber salido adelante.
Según ha informado el Ejecutivo autonómico, la denegación se ha basado en criterios medioambientales y de ordenación del territorio. Concretamente, en un informe de no compatibilidad urbanística emitido por el Ayuntamiento de Sineu.
El procedimiento que regula la autorización ambiental integrada prevé que si el informe urbanístico es negativo, con independencia del momento en el que se haya emitido, y siempre con anterioridad al otorgamiento de la autorización ambiental integrada, el órgano competente para otorgarla, en este caso la Dirección General de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, dictará una resolución por la que se finalizará el procedimiento y se archivarán las actuaciones. Esta resolución de archivo fue notificada al promotor del proyecto el pasado 19 de diciembre.
La instalación de una macrogranja de estas características en suelo rústico contraviene la normativa; y además, se han valorado los posibles efectos negativos sobre los acuíferos y la calidad del aire, así como el incremento del tráfico pesado en las inmediaciones.
A pesar de las críticas lanzadas por el PSIB, que acusaba al Govern de falta de transparencia en la gestión del expediente, el Ejecutivo autonómico ha reiterado su compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo equilibrado del territorio. Representantes del Govern han señalado que la decisión responde exclusivamente a criterios técnicos y legales, descartando cualquier influencia de presiones políticas.
El PSIB llegó a exigir al Govern una moratoria de dos años en la autorización de proyectos de explotaciones ganaderas extensivas, insinuando que el Govern que el PP estaría dispuesto a autorizar la macrogranja. No ha sido así.
Este proyecto, junto con el documento ambiental, ha sido sometido al período de información pública y se ha consultado a las administraciones afectadas. Se han recibido cerca de 1.500 alegaciones (un total de 1.453 alegaciones por parte de vecinos de varios municipios, y 15 de asociaciones y grupo políticos) y los informes desfavorables de diversas direcciones generales del Govern (la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal; la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, y la Dirección General de Salud Pública), así como del Consell de Mallorca y del GOB.
Cabe recordar que el Consell de Mallorca emitió en septiembre del año pasado un informe desfavorable; y lo mismo hizo en octubre el pleno del Ayuntamiento de Sineu, votando en contra de la macrogranja por unanimidad.
Este caso reabre el debate sobre el modelo de desarrollo agrícola en Baleares. Mientras algunos sectores defienden la modernización y ampliación de las infraestructuras agrarias, para reducir la dependencia alimentaria del exterior, otros abogan por un crecimiento sostenible que respete el medio ambiente y mantenga la identidad rural de la isla. La decisión del Govern podría marcar un precedente para futuras solicitudes de explotaciones intensivas.
Por ahora, el municipio de Sineu continuará preservando su paisaje rural, alejándose de proyectos con gran impacto, enorme rechazo social y que puedan alterar su equilibrio ecológico y social.