La puesta en funcionamiento del nuevo registro de viajeros, más conocido como 'Gran Hermano' turístico, por parte del Ministerio del Interior, ha suscitado un alud de críticas en toda la industria turística del país. También en Europa, donde el comisario de Turismo -el griego Apostolos Tzitzikostas- ha insistido en que “hay que evitar la burocracia y el papeleo cuando recogemos datos de los turistas”.
Esta normativa obliga a hoteles, agencias de viajes y otros operadores a recopilar y registrar numerosos datos personales de sus clientes, algunos novedosos, en la aplicación de la Secretaría de Estado de Seguridad creada al efecto. El objetivo del Gobierno es reforzar la seguridad ciudadana, pero las empresas turísticas han manifestado su preocupación por el incremento de la carga burocrática que esta medida implica.
La obligación de recabar hasta 42 datos por cliente, comporta un esfuerzo considerable en términos de tiempo y recursos, especialmente para los pequeños establecimientos y las modestas agencias de viajes. Además, existe el temor de que esta exigencia pueda disuadir a potenciales turistas, afectando negativamente al sector.
Es esencial que esta normativa se elabore de forma consensuada, teniendo en cuenta las objeciones de las empresas, de forma que garantice la seguridad sin imponer cargas desproporcionadas
La inminente publicación de una orden ministerial que detallará las obligaciones específicas de los distintos operadores turísticos representa una oportunidad para que el Gobierno demuestre sensibilidad hacia las inquietudes del sector. Es esencial que esta normativa se elabore de forma consensuada, teniendo en cuenta las objeciones de las empresas, de forma que garantice la seguridad sin imponer cargas desproporcionadas.
Una colaboración estrecha con los operadores turísticos podría facilitar la implementación de medidas más eficientes y menos invasivas, que eviten alargar innecesariamente el proceso de registro del viajeros en los establecimientos hoteleros. A más datos a recabar, más dura el check-in, con las consiguientes colas en las recepciones de los hoteles, algo que disgusta a los clientes y perjudica a las empresas.
En este contexto, es fundamental que el Gobierno actúe con flexibilidad, sin comprometer la competitividad de uno de los pilares de la economía española. La seguridad y la privacidad no deben ser conceptos antagónicos; es posible encontrar un equilibrio que satisfaga las necesidades de protección ciudadana y, al mismo tiempo, respete la operatividad y sostenibilidad del sector turístico.