El reciente decreto, aprobado sin consenso, que obliga a hoteles, agencias de viaje y empresas de alquiler de vehículos a recopilar datos exhaustivos de sus clientes no solo afecta la operatividad del sector turístico, sino que se siente como un ataque directo al motor económico de España. Empresarios, trabajadores y viajeros perciben esta medida como una traba innecesaria y desproporcionada que afecta a una industria esencial para el país, creando una desventaja competitiva frente a otros países europeos con sistemas más simples y respetuosos de la privacidad.
España, en cambio, impone la recogida de información financiera, datos familiares y transacciones que no solo complican la experiencia del viajero, sino que convierten a recepcionistas y empleados en inspectores, responsables de verificar datos cuya falsedad o error podría derivar en multas de hasta 30,000 euros. Esta sobrecarga administrativa, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, se suma a una infraestructura tecnológica insuficiente, generando incertidumbre jurídica y riesgos operativos. En paralelo, la normativa vulnera derechos fundamentales, planteando una invasión a la privacidad difícil de justificar y contraria a las normativas europeas, como lo establece la Sentencia TJUE C-817/19. Además, los recepcionistas ya tienen que asumir tareas como rellenar el impuesto sostenible en las islas, por lo que integrar estas obligaciones en un sistema único y simplificado sería esencial para evitar esta sobrecarga de trabajo injusta.
El turismo no es solo cifras o estadísticas. Es la esencia de nuestro país, un sector que lleva el nombre de España a cada rincón del mundo y sostiene a millones de familias. Las críticas no provienen únicamente de los actores del sector, sino que resuenan en los principales medios europeos, preocupados por las consecuencias de estas medidas. Existe una sensación generalizada de que esta normativa busca asfixiar a uno de los pilares de nuestra economía, debilitando su sostenibilidad.
Es urgente replantear el decreto. Las reglas deben ajustarse a las normativas europeas, limitarse a casos específicos y justificados, y respetar siempre la privacidad y derechos de los ciudadanos. La implementación de cualquier cambio debe venir acompañada de tecnología adecuada y un período de adaptación razonable para garantizar que el sector pueda asumir las nuevas obligaciones sin comprometer su competitividad. Asimismo, resulta imprescindible abrir un diálogo real con el sector para encontrar soluciones viables y proporcionales, que no transformen a los trabajadores en funcionarios ni a las empresas en víctimas de normativas impracticables.
El gobierno de España debe rectificar si quiere mantener su posición como referente mundial y proteger a una industria que define nuestra identidad