Este lunes, 2 de diciembre, entra en vigor el controvertido Real Decreto 933/2021, que obliga a hoteles, apartamentos turísticos, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos a recopilar y remitir al Ministerio del Interior hasta 18 datos personales de cada viajero. La normativa, que busca mejorar el control y la seguridad en España, ha generado un profundo malestar en el sector turístico, que denuncia la falta de diálogo, la complejidad operativa y los riesgos asociados a la privacidad de los datos.
El Real Decreto 933/2021, denominado mediáticamente también como “el Gran Hermano turístico”, establece la obligatoriedad de registrar información sensible como nombres completos, documentos de identidad, cuentas bancarias, estado civil, motivos del viaje e incluso detalles de acompañantes. Según la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), España se convierte así en el único país europeo con un nivel de exigencia tan elevado, lo que ha sido criticado por instituciones internacionales y sectores económicos.
María Frontera, presidenta de la FEHM, ha señalado en declaraciones a mallorcadiario.com que la normativa supone una “inseguridad jurídica bestial” para las empresas y que no ha habido diálogo previo con los principales actores del sector. “Hemos sido los únicos que durante años hemos aportado información diaria a las fuerzas de seguridad, entendiendo que la seguridad es un pilar de nuestro destino turístico. Sin embargo, esta nueva medida desconoce por completo la operativa de las empresas y vulnera las normativas de protección de datos europeas”, ha sentenciado.
La plataforma SES.HOSPEDAJES, creada para gestionar el registro, ha presentado múltiples fallos desde su implementación inicial. Según Frontera, “ni las propias fuerzas de seguridad conocían la plataforma en profundidad, lo que ha generado incertidumbre tanto a nivel técnico como operativo.” Además, empresas y patronales han señalado que la herramienta solicita información que, en muchos casos, no se dispone antes de la llegada del cliente, lo que complica aún más su cumplimiento.
Por su parte, la Agrupación de Agencias de Viajes de Baleares (AVIBA) ha calificado la medida como “un problema de gran envergadura” que añade una carga burocrática insostenible, especialmente para las pequeñas y medianas empresas del sector.
Uno de los puntos más polémicos es el alcance de la normativa en términos de privacidad. Según informa la FEHM, los datos solicitados representan “una intromisión injustificada en la intimidad del cliente”, lo que ha generado críticas tanto a nivel nacional como internacional. Medios británicos han descrito la medida como un “gran hermano” que obligará a los viajeros a entregar información sensible para visitar España, alertando sobre el impacto negativo en la percepción del destino.
Además, las patronales europeas, como ECTAA y HOTREC, han advertido de los riesgos de posibles filtraciones de datos, que podrían tener consecuencias graves para los usuarios y responsabilizarían legalmente a las empresas recolectoras.
La FEHM ha anunciado que está valorando acciones legales para frenar la implementación del registro en sus términos actuales. Según Frontera, “la única solución a corto plazo sería aplazar su entrada en vigor hasta que se revisen y ajusten los requerimientos.” Mientras tanto, la federación recomienda a sus asociados documentar cualquier incidencia para protegerse ante posibles sanciones.
El Gobierno ha justificado la medida como una herramienta esencial para combatir el blanqueo de capitales y mejorar la seguridad en España. No obstante, el sector turístico, que aún se recupera de los efectos de la pandemia, considera que esta normativa podría afectar negativamente la competitividad del país como destino internacional.
Con la entrada en vigor del Real Decreto este lunes, el conflicto entre el Gobierno y el sector turístico está lejos de resolverse, y las tensiones podrían derivar en enfrentamientos legales que mantendrán la normativa en el punto de mira durante los próximos meses.