Por más que Pedro Sánchez cacaree ante un público rendido a sus encantos -congreso de UGT, organización subsidiaria y palmera del PSOE- que todo lo investigado por los distintos instructores con relación a su familia, su gobierno y su partido es pura invención de la “extrema derecha”, el final de la pesadilla sanchista parece cada vez más próximo para el desapasionado observador.
Parece mentira que, treinta años después del fin de fiesta del felipismo (Roldán, Aída Álvarez, Juan Guerra, FILESA, etc…), el PSOE vuelva a mostrar un panorama de corrupción sistémica como el que se está destapando. Y aún resulta más increíble que Sánchez pensase que él, porque lo vale, sí iba a ser capaz de mantener toda esta inmundicia en secreto.
Las delaciones de Aldama y Lobato, otrora estrechos colaboradores, ponen contra las cuerdas no ya al presidente del Gobierno, sino a toda la trama de más que presunta corrupción destapada.
La credibilidad del primero está fuera de duda para cualquier jurista mínimamente avezado, porque supone su autoinculpación en gravísimos delitos. Nadie se autoinculpa de nada si no es porque está dispuesto a contar la verdad y colaborar con los tribunales a cambio de una rebaja de la condena genérica prevista en el Código Penal. En ningún caso Aldama se ampara en lo relatado para exculparse. Es decir, no le carga “el marrón” a terceros, sino que, simplemente, no está dispuesto en comérselo él solito para preservar la imagen del Adonis de La Moncloa.
Lobato, en cambio, trata de protegerse -aunque dudo que eso le sea suficiente- de los graves delitos que él, como técnico de Hacienda, detectó cuando tuvo la sospecha -o, quizás, la evidencia- del origen ilícito de la información sobre la negociación entre la Fiscalía y la defensa del empresario Alberto González Amador, actual pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, para concertar un pacto de conformidad -algo absolutamente rutinario en los Tribunales-, información reservada que su partido encargaba al líder autonómico esparcir para erosionar a la presidenta madrileña, auténtico coco de los socialistas.
Es la primera vez en la historia de nuestra democracia que un presidente del Gobierno tiene imputados a su esposa, a su hermano y, además, son objeto de esas investigaciones sus más estrechos colaboradores en el Gobierno y en su partido por un sinfín de delitos de corrupción.
Naturalmente, un personaje amoral y sin ninguna clase de escrúpulos como Pedro Sánchez finge ante su parroquia que la culpa de todo es de la oposición, pero la verdad acabará brillando -ya comienza a hacerlo-, con lo que la descomposición del régimen sanchista es imparable. Una buena noticia para quienes creemos que España necesita una fuerza representativa del electorado progresista, pero limpia de corrupción y de totalitarios tics bolivarianos.