La patronal hotelera ha expresado en un comunicado su descontento, afirmando que el Ejecutivo "ha ignorado todas las peticiones de diálogo y aclaración", tanto de Cehat como de diversas asociaciones turísticas internacionales. La patronal expresa su preocupación al señalar que, a pesar de las constantes advertencias sobre las serias consecuencias que este reglamento podría acarrear, el Gobierno no ha proporcionado soluciones ni ha publicado la orden ministerial que se había comprometido a emitir para aclarar su aplicación.
Asimismo, los hoteleros también expresan su preocupación al afirmar que se enfrentarán a "una normativa confusa y desproporcionada que infringe varias directivas europeas sobre la protección de datos y los sistemas de pago".
Cehat señala que el nuevo reglamento impacta de manera desfavorable no solo a los turistas internacionales, sino también a los ciudadanos españoles que utilizan hoteles y otros alojamientos durante sus viajes dentro del país. "Estos deberán enfrentarse a trámites administrativos más complejos y tediosos, comprometiendo su experiencia de alojamiento", argumenta.
La patronal critica que "el incumplimiento de esta normativa europea puede acarrear importantes multas a las empresas, muy superiores a las sanciones impuestas por no cumplir con el Real Decreto del Ministerio del Interior. Las empresas se exponen a sanciones de hasta 30.000 euros si no logran adaptarse a tiempo".
Según su perspectiva, "esta falta de claridad genera una inseguridad jurídica inaceptable" para un sector que constituye el 12% del PIB español y es fundamental para la economía nacional.
Desde la reunión que tuvo lugar el 4 de octubre con el Ministerio del Interior, Cehat ha expresado su malestar al señalar que no ha obtenido ninguna comunicación oficial ni avances específicos respecto a las aclaraciones que este Departamento ministerial había prometido.
Además, se señala que la falta de emisión de la orden ministerial por parte del Gobierno ha dejado a los hoteleros "en una situación de indefensión a menos de una semana de la entrada en vigor del decreto". Esta crítica subraya la necesidad de establecer los procedimientos necesarios.
La patronal hotelera está trabajando con expertos legales para evaluar las opciones judiciales disponibles, con el objetivo de impugnar la normativa "por su impacto desproporcionado y su incompatibilidad con las directivas europeas".
No obstante, la patronal reitera su compromiso de colaborar con las autoridades españolas y europeas en la búsqueda de soluciones que garanticen la seguridad sin comprometer la operatividad del sector, antes de la entrada en vigor de esta normativa.