El proyecto de ley para regular el procedimiento de determinación de la edad, atribuye con carácter general la competencia a los Juzgados de Primera Instancia especializados en asuntos de familia. O, de no existir especialización, al que por turno de reparto corresponda, del lugar donde se encuentre la Entidad Pública de Protección de menores.
El nuevo proceso se rige por el principio del superior interés del menor, la presunción de minoría de edad, el derecho a ser oído y tomar parte en el procedimiento, la prohibición de pruebas invasivas y desnudos integrales, y la especialización de los profesionales intervinientes.
Asimismo, garantiza la asistencia jurídica gratuita desde el inicio del procedimiento, la asistencia de intérprete, y de quien ejerza la representación legal de la persona menor de edad.
Además, prevé la intervención del Ministerio Fiscal, y solo podrá iniciarse cuando la persona que alegue su minoría de edad se encuentre indocumentada o existan motivos para impugnar la validez de la documentación aportada.
El Gobierno de PSOE y Sumar ha destacado que la iniciativa se enmarca en los compromisos internacionales suscritos por España y, particularmente, en las resoluciones del Comité de Derechos del Niño, cuyos dictámenes reclaman un procedimiento de naturaleza judicial frente al modelo actual de naturaleza administrativa.
La llegada récord durante este año de inmigrantes irregulares a las costas de Baleares, principalmente en pateras, es motivo de controversia política entre el Gobierno de España y el Govern balear. También en lo tocante a menores de edad no acompañados, cuya capacidad de acogida y tutela se encuentra al límite.
Vox, formación de la que depende el Govern para aprobar sus presupuestos anuales y también el resto de iniciativas que requieren del aval del Parlament, ha exigido al Ejecutivo de Marga Prohens la realización de pruebas dentales a los inmigrantes indocumentados que aleguen ser menores de edad, al considerar que estas pruebas son más fiables que las pruebas óseas.
La presidenta Prohens defendió la medida, al considerar que debe hacerse todo lo posible para que no haya ningún adulto entre los menores migrantes. Sin embargo, la oposición ha criticado al PP por plegarse a las exigencias de Vox, que consideran contrarias a los derechos humanos. El portavoz parlamentario del PSIB, Iago Negueruela, llegó a calificarla como ’12 años de esclavitud’, en alusión a la autobiografía de Solomon Northup que fue llevada al cine en 2013 por Steve McQueen y ganó tres Premios Óscar en aquel mismo año.
Ante la falta de documentación de los migrantes recién llegados, determinar su edad real se ha convertido en un tema crucial para garantizar los derechos que les corresponden por su estatus como menores o adultos.
En ausencia de documentos fiables que acrediten la edad de los inmigrantes, las autoridades deben recurrir a métodos médicos para estimarla. Las pruebas más comunes incluyen:
- Radiografías del carpo (muñeca): Se compara el desarrollo óseo del menor con estándares internacionales.
- Pruebas dentales: Consisten en radiografías de los dientes, especialmente del tercer molar (muela del juicio), cuyo desarrollo puede indicar la edad aproximada.
- Radiografías de clavícula: Se usa para estimar la madurez ósea en jóvenes.
Todos estos métodos están sujetos a márgenes de error significativos y no siempre son concluyentes. El Protocolo Marco sobre Determinación de la Edad en España establece que estas pruebas sólo deben realizarse si hay dudas razonables sobre la edad alegada por la persona y siempre priorizando criterios de proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales.
El pacto entre PP y Vox introduce un énfasis especial en las pruebas dentales para determinar la edad de los inmigrantes. Según sus defensores, se busca dotar de mayor precisión al proceso y evitar fraudes, ya que algunos adultos podrían alegar ser menores para obtener protección especial y evitar su devolución.
Sin embargo, las pruebas dentales, como las radiografías del tercer molar, no ofrecen resultados completamente fiables. Factores como la genética, la alimentación y el entorno socioeconómico pueden influir en el desarrollo dental, generando márgenes de error de hasta dos años. Por ello, organismos como el Defensor del Pueblo y el Comité de los Derechos del Niño de la ONU han alertado de los riesgos de usar estos métodos como única herramienta para determinar la edad.
La iniciativa ha suscitado críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos y entidades como UNICEF. Entre los principales puntos de debate destacan el margen de error de las pruebas utilizadas, que obliga a, en caso de horquilla de edad, aplicar la edad menor. Además, las pruebas radiológicas son procedimientos médicos que deben realizarse bajo consentimiento informado, algo que en muchas ocasiones no se respeta plenamente.
Por último, la postura de Vox conlleva la estigmatización y criminalización de los migrantes irregulares, señalándoles como personas que buscan engañar al sistema para beneficiarse fraudulentamente del país de acogida.
El Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo han reiterado que el procedimiento para determinar la edad debe regirse por principios de proporcionalidad, no discriminación y respeto a la dignidad humana. Además, han recordado que, ante la duda, debe prevalecer el principio de interés superior del menor, otorgando temporalmente a la persona los derechos y protecciones propias de un menor hasta que se demuestre lo contrario.