El debate sobre la okupación ha ganado fuerza en las últimas semanas, en parte por las medidas acordadas entre PP y Vox para combatir esta realidad social tan en auge últimamente, pero también debido a la postura de la diputada autonómica de Unidas Podemos, la menorquina Cristina Gómez, perteneciente al Grupo Mixto.
En las dos últimas sesiones parlamentarias de control al Govern, Gómez ha hecho una encendida defensa de los okupas, a quienes presenta como víctimas de un sistema perverso que excluye a los más vulnerables del acceso a la vivienda. Por ello, desde Unidas Podemos se critica duramente toda medida destinada a proteger a los propietarios víctimas de este fenómeno ilegal e injusto, ya sean oficinas para asesorar a los perjudicados por una okupación, ya sea formación impartida a policías locales, ya sean empresas dedicadas a la desokupación e incluso empresas de vigilancia privada e instalación de alarmas para prevenir la acción de los intrusos.
Esta posición política, aunque pueda partir de una preocupación legítima por la emergencia habitacional, incurre en un error grave: cargar la solución de un problema social sobre las espaldas de las víctimas de un acto ilegal, respaldando a quienes vulneran la ley al apropiarse de bienes que no son suyos.
Justificar o normalizar la okupación como solución, justo lo que hace Podemos, es aberrante
Es innegable que Baleares sufre una crisis de vivienda, con alquileres desorbitados y precios inaccesibles para buena parte de la ciudadanía. Sin embargo, justificar o normalizar la okupación como solución, justo lo que hace Podemos, es aberrante. Los propietarios no son entidades abstractas o sin rostro: en su mayoría ni son fondos buitre, ni grandes tenedores, ni potentados especuladores, sino pequeños ahorradores que dependen económicamente del alquiler de sus inmuebles para pagar la hipoteca o complementar su pensión. Pero Unidas Podemos ignora deliberadamente sus derechos legales, amparando a los okupas.
La Administración, por su parte, tiene la obligación de garantizar el derecho a la vivienda sin dejar desprotegidos a los propietarios. Claro que hay que impulsar las políticas públicas que fomenten la construcción de viviendas sociales, pero sostener un discurso que justifica la okupación, además de reclamar que quede impune, es inadmisible.
Cristina Gómez podría dedicar su perseverancia a exigir medidas estructurales que beneficien a todos, en lugar de defender a los okupas y convertir a los propietarios en los villanos de una crisis que no han creado.