La decisión de aplazar el debate y votación del decreto ley de simplificación administrativa que se tramita como ley en el Parlament, para buscar consenso sobre la construcción en zonas inundables en las Islas Baleares, es una decisión acertada que permitirá reflexionar sobre el equilibrio entre el desarrollo urbanístico y la seguridad de la ciudadanía.
Ante fenómenos meteorológicos adversos cada vez más frecuentes y destructivos, la precaución y previsión deben ser pilares fundamentales en cualquier medida que permita o facilite la construcción en áreas con riesgo de inundación; o su legalización, para la que deberían exigirse medidas adicionales que a los inmuebles que no se hallan en una situación tan expuesta.
La pausa en la tramitación del decreto se presenta como una oportunidad para que los representantes políticos, especialmente el Partido Popular de Balears, que gobierna en minoría, promuevan un debate amplio, transparente y, sobre todo, fundamentado en el consenso. A la hora de legislar sobre temas de tanto impacto y tan controvertidos, especialmente tras la catástrofe acaecida hace dos semanas en Valencia, es esencial buscar apoyos en el Parlament, apelando a un ejercicio de diálogo y consenso que permita mejorar las medidas sin restarles eficacia.
A la hora de legislar sobre temas de tanto impacto y tan controvertidos, es esencial buscar apoyos en el Parlament
Este esfuerzo debería concentrarse en garantizar que el decreto incluya normas claras y suficientemente restrictivas para evitar daños evitables y proteger la integridad de las personas, sus propiedades, las infraestructuras y el medioambiente.
Es fundamental que los partidos de todas las ideologías se involucren activamente en este proceso de revisión del decreto. Más allá de diferencias políticas, la seguridad de la ciudadanía y la preservación del entorno natural en zonas de alto riesgo deben ser intereses compartidos que se prioricen por encima de cualquier otra consideración.
La cooperación entre todas las formaciones políticas con representación en el Parlament permitirá fortalecer el decreto ley aprobado por el Govern de Marga Prohens y enviará a la sociedad un mensaje de unidad frente a los retos ambientales y de seguridad a los que hay que hacer frente.
En última instancia, debe evitarse que el decreto de simplificación administrativa abra la puerta a medidas que pongan en peligro o supongan un riesgo suplementario para la ciudadanía. Las instituciones públicas tienen el deber de prevenir, adoptando todas las medidas necesarias para reducir los riesgos en las zonas inundables.