Sin embargo, junto a su papel protagonista en el mundo sindical, Vicens también sufrió las consecuencias de un conflicto laboral. En octubre de 2014 fue condenada por el juzgado de lo penal 6 de Palma, a una multa de 4.000 euros por coacciones y daños relacionados con su participación en la huelga general de 2012, aunque fue absuelta de otros cargos. Cabe recordar que la Fiscalía solicitaba para ella cuatro años y medio de cárcel, algo que el sindicato CCOO calificó de desproporcionado y que obedecía a una campaña de represión de los derechos sindicales.
La sentencia consideró probado que sobre las 7.00 horas del 29 de marzo de 2012 Vicens, seguida de otros dos huelguistas, subió a un autobús en servicios mínimos cargado de pasajeros en la estación intermodal de Palma con el fin de conminar a sumarse a la huelga a su conductor, al que tildó de "esquirol".
Después, "para acabar de vencer su voluntad", arrancó el cartel de servicios mínimos del frontal del vehículo y "golpeó la luna delantera, que de inmediato se fracturó", lo que presenció un policía que se encontraba junto a la puerta del autobús, quien obligó a la sindicalista a bajar y la identificó.
La jueza concedió "total credibilidad" a la versión de los hechos que ofrecieron en la vista el chófer y el policía y no a la que dio Vicens, que acusó al conductor de zarandearla y sugirió que quería atribuirle una rotura que se produjo con posterioridad al incidente.
La condena fue ratificada por la Audiencia Provincial en marzo de 2015.
Antes del juicio, hubo protestas por la imputación de Katiana Vicens, una de las cuales congregó a 300 personas ante la Delegación del Gobierno en Palma.
Este lunes se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de Vicens ante la sede de CCOO en Palma al que ha asistido el secretario general de CCOO, Unai Sordo y el también el secretario general del sindicato en Baleares, José Luis García.