Los hechos se remontan a abril de 2022, cuando el acusado, que en ese entonces era el director en una oficina de Eurocaja Rural en Albacete, gestionó una transacción sin el consentimiento del administrador de una de las empresas clientes, Torun Pine SA. Según la sentencia, el banco autorizó el pago de 1.468,72 euros a la Agencia Tributaria de Baleares en nombre de la empresa, pese a que la cuenta desde la que se realizó la transacción estaba vacía y había sido solicitada su cancelación por el administrador.
El delito principal ocurrió dos días después, cuando el exdirector falsificó un documento en nombre del administrador de la empresa solicitando la devolución del dinero transferido a la cuenta bancaria del propio banco. Este documento, que incluía una firma falsificada, fue presentado a la Agencia Tributaria, aunque la solicitud fue denegada.
El acusado se declaró conforme con los cargos durante el juicio, lo que facilitó una sentencia rápida. Además de la condena penal, el tribunal ordenó el pago de los 7.000 euros mencionados para indemnizar al administrador afectado y cubrir las costas procesales.