En un comunicado conjunto antes de que dé comienzo la conferencia sectorial de vivienda y agenda urbana, a la que ha asistido el director general de Vivienda y Arquitectura del Govern, José Francisco Reynés, han manifestado su rechazo ante lo que califican de un intento del Gobierno de imponer sus "fracasadas e inoperantes" políticas de vivienda utilizando los recursos económicos de los españoles.
Asimismo, han rechazado el procedimiento anunciado para hacerlo, que tal y como han manifestado, supone un reparto desigual de los fondos procedentes de los impuestos de todos los españoles, condicionándolos a un posicionamiento político y a una ideología concreta.
"No toleramos la amenaza y el chantaje de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de retirar los fondos a las comunidades autonómicas por no aplicar voluntariamente una medida contemplada en su Ley por el derecho a la Vivienda", han recalcado en un manifiesto conjunto, en el que han pedido al Gobierno que dialogue con los representantes públicos para alcanzar acuerdos.
En este sentido, han expuesto que el Estado tiene la obligación de repartir de forma equitativa los recursos públicos, fomentando la igualdad de todos los ciudadanos vivan donde vivan, y que no hacerlo así supondría un quebrantamiento del ordenamiento jurídico y legal.
Las comunidades del PP han indicado que la vivienda se ha convertido en uno de los mayores problemas de los ciudadanos como consecuencia de la "nefasta" política del Gobierno y que bajo la presidencia de Pedro Sánchez, los alquileres se han vuelto prohibitivos.
Según han añadido, entre junio de 2018 y abril de 2024, el precio de los alquileres se incrementó un 32 % y desde la entrada en vigor de la Ley por el derecho a la Vivienda, en mayo de 2023, el aumento ha sido de casi un 13 %.
También se han referido a la ocupación, que cifran en 78.800 viviendas en el conjunto de España, y el fenómeno de la inquiokupación, que ha crecido de manera alarmante en los últimos meses.
Las políticas en materia de vivienda puestas en marcha por el Ejecutivo, consideran desde el PP, han conseguido estrangular el mercado, haciendo que los ciudadanos se enfrenten a un enorme reto social de acceso a una vivienda a precio asequible, tanto en compraventa como en alquiler.
El comunicado ha sido firmado por los gobiernos de Baleares, Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Madrid, Castilla y León y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Por su parte, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha explicado que premiará a las comunidades autónomas que apliquen la Ley de Vivienda y declaren zona tensionada con más fondos para desarrollar acciones particulares, en cumplimiento de la Ley de Vivienda, y aleja la posibilidad de castigar a las autonomías insumisas.
Así lo han trasladado fuentes de Vivienda este martes antes del inicio de la Conferencia Sectorial de Vivienda, donde la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, se ha reunido con los consejeros de vivienda de las distintas comunidades autónomas para continuar con los trabajos de la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven, el nuevo Plan Estatal de Vivienda y analizar el grado de desarrollo e implementación de las medidas acordadas con CC.AA. con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Tal y como han indicado estas fuentes, no se plantea castigar a las comunidades que no apliquen la Ley de Vivienda con menos fondos, sino que se premiará a las que sí apliquen esta ley y declaren zonas tensionadas con fondos extras, tal y como se recoge en la propia ley aprobada hace más de un año y medio.
En declaraciones a la prensa previas al inicio de la Conferencia de Vivienda, Rodríguez ha vuelto a reprochar a las comunidades que no quieran declarar zona tensionada. "Esta ley permite que podamos bajar un 5% los precios, beneficiando a las familias, jóvenes, y que los propietarios puedan tener bonificaciones de hasta un 90%. ¿Por qué no lo hacemos? Yo no lo entiendo", ha expuesto.