Recientemente, un informe de la organización internacional Save the children ponía el acento en que este grave déficit de financiación de los centros privados sostenidos con fondos públicos constituye un agravio comparativo con la enseñanza pública y constituye un factor de segregación del alumnado.
Es la diferente financiación la que segrega, no la escuela concertada. Y esta financiación no sólo afecta a la coste de las enseñanzas regladas, sino también a los de los servicios complementarios esenciales como el transporte escolar o los comedores.
Sin embargo, la escuela católica concertada es integradora y esto explica que sus alumnos sean los destinatarios de la mayor parte de las ayudas de comedor escolar destinadas a familias económicamente desfavorecidas.
El incremento de alumnado de nuestros centros se concentrará en los próximos años en niveles de enseñanza no obligatorio, como la Formación Profesional y la Educación Infantil 0-3.
Hay que recordar, una vez más, que la escuela privada concertada no es, en ningún caso, subsidiaria de la pública y constituye un factor clave para asegurar que todo el mundo disfrute del derecho fundamental a elegir el modelo de escuela de sus hijos. Y lo hace, además, desde la iniciativa social sin ánimo de lucro y en aplicación del derecho constitucional a crear y dirigir centros docentes distintos de aquellos gestionados por la administración que proclama La Declaración Universal de Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU.