Los resultados de las elecciones dejan a veces una conformación parlamentaria que provoca acuerdos de investidura que parecían “a priori” muy difíciles, sino imposibles y gobiernos obligados por los pactos alcanzados a políticas, que no solo son extrañas a su programa electoral, también contradictorias, o chirriantes, con su propio ideario político.
Las últimas elecciones autonómicas catalanas resultaron en una composición del Parlament que hacía imposible un gobierno independentista y solo podía haber un acuerdo de investidura entre el PSC y un partido independentista, bien Junts, que bastaba, bien Esquerra, que no era suficiente y hacía necesario el concurso de En Comú Sumar. La primera alternativa no era viable, por cuanto Junts quería que se invistiera a Puigdemont con la abstención del PSC, algo inaceptable para el PSC y el PSOE. Quedaba, por tanto, negociar con ERC y En Comú o ir a nuevas elecciones.
El acuerdo con los “comuns” fue relativamente sencillo, pero Esquerra, lógicamente, imponía condiciones muy exigentes para investir Salvador Illa. El resultado final fue un pacto que tenía que ser bendecido por el PSOE, porque incluía un nuevo modelo de financiación para Catalunya, que está provocando, junto con la Ley de Amnistía, la madre de todas las batallas políticas entre la derecha extrema del PP y la extrema derecha de Vox (con alguna participación de parte del PSOE enranciado) por un lado y el gobierno de Sánchez por otro. También incluía otros aspectos polémicos como la creación de una “conselleria” de política lingüística y el mantenimiento de la de acción exterior, así como la permanencia y ampliación de las delegaciones existentes.
Ni Salvador Illa a título personal, ni el PSC como partido, venían distinguiéndose por un excesivo celo en las políticas de defensa de la lengua catalana y menudeaban las manifestaciones públicas bilingües, incluso referencias geográficas con los nombres en castellano, Illa llegó a referirse a Lérida o Bajo Llobregat. En su programa electoral preveía para la política lingüística una secretaría como máximo. Ahora ha tenido que crear la “conselleria” y aceptar, al menos sobre el papel y probablemente de no muy buen grado, la mayor parte del proyecto lingüistico de ERC, que, por su parte, verá cómo será el PSC el responsable y no ellos y tendrá que vigilar que el acuerdo se cumpla y no sea desvirtuado por el PSC por la vía de ir dejando pasar el tiempo con indolencia administrativa.
Algo similar puede decirse de la Acción exterior. Salvador Illa y el PSC siempre se habían manifestado proclives a mantenerla en unos estrictos mínimos: delegaciones ante la UE a Bruselas y quizás unas pocas en los países vecinos y en los principales socios comerciales y circunscritas a aspectos culturales y económicos, nunca como proyección política de Catalunya en el mundo. Ahora pasa igual que en el caso de la policía lingüística: Illa tendrá que apechugar con una “conselleria”, unas delegaciones y una política diseñadas por ERC y los republicanos ver como es el PSC el que las lleva a cabo, modificándolas y desvirtuándolas con toda probabilidad.
Salvador Illa no había dudado en acudir a manifestaciones donde también estaban Sociedad Civil Catalana, Ciudadanos, el Partido Popular y Vox, en contra no solo del independentismo, sino también a favor de la libre elección de lengua de enseñanza, o del 25 % de enseñanza en castellano para todo el sistema educativo catalán. También había hecho declaraciones explícitas contrarias a la proliferación y funciones de las delegaciones de la Generalitat de Catalunya en el exterior. Ahora se ve obligado defender y ejecutar, al menos en la teoría de los acuerdos alcanzados, políticas mucho más cercanas a los posicionamientos nacionalistas. Aunque ya veremos como todo va evolucionando, lo que es innegable es que todo ello le genera importantes contradicciones respecto de su ideario previo.
Queda el acuerdo de financiación singular de Catalunya, en el que ha tenido que involucrarse el gobierno de Sánchez, puesto que su alcance y consecuencias superan con mucho el límite autonómico y ha desatado una tormenta política de dimensiones bíblicas. También supone importantes contradicciones para PSC y PSOE y requiere un tratamiento “in extenso”.