Este artículo es respuesta al que Marc González publicó en Mallorcadiario.com el 18 de septiembre de 2024, titulado VOX Y LA EDUCACIÓN (https://www.mallorcadiario.com/vox-y-la-educacion-marc-gonzalez).
No escribo en nombre de VOX, sino de la asociación de profesores PLIS. Educación, por favor, entidad adherida, al igual que Societat Civil Balear, a Escuela de Todos, que es la que ha desvelado que hay centros educativos concertados de Baleares que no han incluido en los formularios de matrícula de cuarto de educación infantil la posibilidad de elegir lengua de enseñanza, derecho de elección reconocido por el artículo 18 de la Ley de Normalización Lingüística.
El señor González, que es asesor jurídico de Escuelas Católicas, defiende que los centros no tienen obligación de incluir en sus impresos de matrícula las dos famosas casillas, catalán y castellano, para que los padres puedan elegir lengua, ya que basta con que los padres lo pidan “ad hoc” por escrito. Que los centros concertados hayan recibido un correo del consejero en que se les dice que imperativamente han de incluir en los impresos de matrícula las dos casillas para permitir elección de lengua (https://drive.google.com/file/d/1IMGZRCF6WEUEXG16JewLy_xd7QH30L_E/view?usp=drive_link) no tiene la menor importancia para el señor González, ya que un correo no es una instrucción, sino una “sugerencia”, por muy imperativamente que esté redactada.
Hay que reconocer que el asesor jurídico de Escuelas Católicas ha cumplido con su deber: un correo no es una instrucción, porque para que haya instrucción esta debe publicarse en el BOIB. Enhorabuena por su conocimiento de la normativa.
Pero resulta que Escuela Católica debería, además de cumplir con la ley, actuar con ética y un asesor jurídico también debería intentar compaginar ley y ética. Porque resulta que un derecho que no se conoce, no se puede ejercer; porque resulta que muy pocos padres saben que pueden elegir lengua, por mucho que esté escrito en la Ley de Normalización; porque resulta que, de los pocos que conocen el derecho, casi ninguno sabe cómo ejercerlo, por mucho que esté escrito el modo de ejercerlo en una orden de hace 20 años que pocos más que el señor González y nosotros conocemos; porque resulta que los centros concertados no han informado a los padres de su derecho a elegir lengua ni de cómo ejercerlo; porque resulta que los centros concertados han hecho caso omiso a las “sugerencias” redactadas imperativamente por el consejero de educación. En definitiva, resulta que ni los centros concertados católicos ni el asesor jurídico de los mismos han actuado con ética.
Demos un ejemplo de falta de ética que entenderán bien los directores de centros católicos. Sabemos que los padres pueden elegir centro concertado, reconocido por ley. Supongamos que hay una orden que dice que los padres que quieran elegir centro concertado deben redactar un escrito ad hoc; supongamos que en el momento de la solicitud de centro la consejería solo hiciera públicas las listas de centros públicos; supongamos que nadie informa a los padres del derecho a elegir centro concertado ni cómo hacerlo; conclusión: nadie elegiría centros concertados. Espero no haber dado ideas a los enemigos de los centros concertados, que son muchos.
El lector comprenderá, después de todo lo dicho, qué fácil es, eludiendo la ética, impedir el ejercicio de derechos cumpliendo con la normativa, qué fácil es cometer fraude de ley.
Julián Ruiz-Bravo Peña