El juicio se llevará a cabo en la Audiencia Provincial este próximo lunes, miércoles y jueves y fiscalía pide 5 años de cárcel para cada uno de los acusados, entre los que hay empresarios, gestores y abogados en ejercicio, por atentar contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
En su escrito de acusación, el representante del Ministerio Público explica que los procesados se ponían en contacto con personas en situación irregular para acreditar en el Tribunal de Arbitraje y Mediación (Tamib) una relación laboral que en realidad no existía.
Con el acta del Tamib acudían a las Oficinas de Extranjería y conseguían un permiso de residencia por arraigo.
Varias personas, abonando previamente las cantidades acordadas, consiguieron permisos de residencia que, sin embargo fueron revocados cuando se descubrieron las prácticas ilegales.