La sentencia del Tribunal Constitucional que declara contraria a la Carta Magna la norma que obliga a precontratar los vehículos de alquiler con conductor (VTC) con una determinada antelación (en Baleares era de un mínimo de 30 minutos), supone la eliminación de una barrera artificial para dificultar la libre competencia en el sector del transporte.
Las restricciones impuestas a los VTC, defendidas férreamente por el lobby de los taxistas, han sido excesivas e ilógicas desde el principio, afectando directamente a los usuarios y limitando su capacidad de elegir libremente.
La exigencia legal de contratar un VTC con al menos 30 minutos de antelación, no obedecía a criterios de interés general ni de protección al consumidor, sino que tenían un objetivo claro: preservar el monopolio de los taxistas.
Intentar frenar el avance de los VTC con barreras regulatorias artificiales e inconstitucionales no es la solución
Es innegable que el gremio del taxi ha sido un sector esencial en la movilidad urbana, pero intentar frenar el avance de los VTC con barreras regulatorias artificiales y anticonstitucionales no es la solución. En lugar de mejorar el servicio y adaptarse a los cambios del mercado, se ha apostado por frenar la competencia, perjudicando a los usuarios que buscan un transporte más flexible, eficiente y adaptado a las nuevas tecnologías.
El fallo del Tribunal Constitucional deja claro que estas limitaciones no tienen justificación legal y que restringen de manera desproporcionada los derechos, tanto de los operadores de VTC como de los consumidores. Es momento de que las autoridades y legisladores en Baleares tomen nota y revisen una normativa que ha resultado ser injusta e ineficaz, por más que fue aprobada de forma unánime porque pocos se atreven a llevar la contraria a los taxistas.
El futuro de la movilidad urbana pasa por la coexistencia de varios modelos de transporte que beneficien al usuario final. En lugar de restringir la oferta, se debe fomentar un mercado competitivo donde los taxistas y los VTC puedan operar en igualdad de condiciones, lo que incentivará la mejora de ambos servicios. La prioridad debe ser siempre el bienestar y la libertad de elección del ciudadano. Cualquier otra fórmula está abocada al fracaso y se topará con la oposición ciudadana, aunque los políticos no tengan el valor de alzar la voz cuando tienen delante a los taxistas.