La llegada de menores extranjeros no acompañados (Mena) a las Islas Baleares, es un tema que exige la máxima responsabilidad y coordinación entre las instituciones. Sin embargo, resulta alarmante que, frente a esta realidad, el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, haya optado por el silencio. El Consell de Mallorca lleva un mes esperando una respuesta a su solicitud de reunión para abordar la situación, y esta demora es inaceptable y pone en evidencia una preocupante falta de compromiso.
Los menores no acompañados son un colectivo vulnerable que requiere una atención especial. Sin embargo, el incremento exponencial de llegada de estos jóvenes a Mallorca, pasando de dos menores en 2015, 83 en 2022 y 180 en 2023; cifra que se verá ampliamente rebasada en 2024, habida cuenta de que todavía faltan cuatro meses para terminar el año y ya se ha superado el número de menores de 2023, no parece ser suficiente para que el Gobierno de España se involucre en su atención.
El hecho de que el Consell de Mallorca no haya recibido respuesta al requerimiento hecho al Gobierno de Pedro Sánchez, refleja una indiferencia institucional que raya en el desprecio.
Que el Consell de Mallorca no haya recibido respuesta al requerimiento hecho al Gobierno de Pedro Sánchez, refleja una indiferencia institucional que raya en el desprecio.
La falta de respuesta del Delegado del Gobierno también evidencia un problema mayor: la falta de una estrategia clara y coordinada para gestionar la llegada de estos menores. Sin una acción conjunta entre las distintas administraciones, se corre el riesgo de que los servicios públicos se vean desbordados por la situación, sin que la administración central se implique en aportar recursos y medios humanos y materiales para atender a los menores.
Es urgente que el delegado del Gobierno rectifique su postura y se comprometa a dialogar con el Consell de Mallorca. Las instituciones deben trabajar de la mano para garantizar que estos menores reciban la protección y el apoyo que necesitan. No se trata de una cuestión política, sino de una responsabilidad moral y legal hacia los más vulnerables.
El silencio y la inacción no pueden ser las respuestas ante una crisis de este calibre. Los políticos deben demostrar que son capaces de gestionar esta problemática desde el diálogo y la cooperación institucional, con con la dignidad y el respeto que merecen estos jóvenes, asegurando su bienestar, su integración y su futuro en nuestra sociedad.