El pasado domingo una protesta contra la masificación turística en Alcúdia, organizado por la asamblea local del colectivo ‘Menys turisme, més vida’, ha vuelto a poner sobre la mesa un debate necesario en la sociedad mallorquina: el equilibrio entre el derecho a la manifestación y el respeto a la legalidad y a la convivencia ciudadana.
La masificación turística es un problema que afecta a muchos residentes, quienes ven cómo la calidad de vida se deteriora ante la saturación de servicios, el incremento de precios y la sobreexplotación de recursos naturales. En este contexto, las protestas son una herramienta legítima para expresar descontento y exigir soluciones. Sin embargo, es fundamental que estas acciones se desarrollen dentro del marco legal establecido, ya que de lo contrario se corre el riesgo de perder la legitimidad del mensaje que se quiere transmitir.
En el caso de la protesta en Alcúdia, no se notificó a la Delegación del Gobierno, un requisito indispensable para llevar a cabo cualquier manifestación de forma legal. Eso constituye una infracción administrativa que debería ser sancionada, puesto que si se permiten este tipo de actos sin las garantías legales, se abre la puerta a que cualquier grupo, sin importar sus intenciones, actúe al margen de la ley cortando el tráfico y alterando de forma grave la convivencia.
Es posible manifestarse sin recurrir a medidas que perjudiquen gravemente al resto de ciudadanos
Por otra parte, el corte de tráfico en una arteria principal como es el acceso al puerto de Alcúdia no puede considerarse una acción aceptable. Aunque las protestas tienen a veces la intención de incomodar para visibilizar un problema, estas acciones no deben poner en peligro la seguridad, ni alterar de manera desproporcionada la vida cotidiana de otros ciudadanos. Es posible manifestarse de forma contundente y eficaz sin recurrir a medidas que perjudiquen gravemente al resto de ciudadanos, cuyos derechos también deben ser tenidos en cuenta y que no valen menos que los que protestan.
Las protestas, por muy justas que sean sus causas, deben respetar la legalidad y los derechos de todos. El respeto a la Ley y a los derechos de todo el mundo deben ser los pilares de cualquier reivindicación en una sociedad democrática. Algo de lo que se apartan deliberadamente los grupos antiturismo que, empoderados por la inacción de la Delegación del Gobierno, se creen con el derecho de llevar a cabo manifestaciones ilegales de forma impune, por más que perjudiquen a otros vecinos.