La reciente aprobación del presupuesto para la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Marratxí es una noticia que, sin duda, merece ser celebrada. La presencia de la Guardia Civil es fundamental para garantizar la seguridad y tranquilidad de los vecinos, especialmente en un municipio en crecimiento, limítrofe con Palma que en los últimos años ha crecido de forma exponencial, donde hay muchos núcleos de población diseminados, un gran centro comercial, varias grandes superficies comerciales y un enorme polígono industrial.
La decisión de volver a tener dependencias oficiales de la Guardia Civil en Marratxí tras años de espera, responde a una necesidad de reforzar la seguridad en el municipio y de evitar traslados a Palma para presentar denuncias.
Sin embargo, no podemos ignorar el hecho de que el coste de esta iniciativa, concretamente los 98.000 euros anuales destinados al alquiler de un local en el Polígono de Marratxí, será cubierto por el presupuesto municipal. Esta es una anomalía manifiesta que debe denunciarse.
Los vecinos de Marratxí no deberían asumir un gasto que claramente debería ser cubierto por el Ministerio del Interior a través de los presupuestos generales del Estado. Quien debe financiar las infraestructuras necesarias para que la Guardia Civil pueda desempeñar su labor de manera efectiva es el Gobierno de España, a través de la Delegación del Gobierno en Baleares, que en este asunto, como en tantos otros, incomparece.
Los vecinos de Marratxí no deberían asumir un gasto que debería ser cubierto por el Ministerio del Interior a través de los presupuestos generales del Estado
Es preocupante que el Gobierno central no haya intervenido para asumir el coste del alquiler del que será un nuevo puesto de la Guardia Civil, sin viviendas para los agentes, dejando que un municipio metropolitano cargue con una responsabilidad que no le corresponde.
El delegado del Gobierno en las Islas Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, debería tomar cartas en el asunto, asegurando que la financiación de este cuartel provenga de los recursos nacionales, no de los bolsillos de los ciudadanos de Marratxí. Desviar fondos para cubrir un gasto que corresponde al Estado es, cuando menos, injusto. Es esencial que los representantes locales exijan una redistribución más justa de los recursos y que el Gobierno asuma su responsabilidad en materia de seguridad pública.