Así lo cree posible el abogado Matías Barón, representante legal en este proceso judicial de la Asociación Balear de Ocio Nocturno y Entretenimiento (ABONE) y la Associació de Comerciants i Empreses de Serveis Turístics de Mallorca (ACOTUR).
Aunque la Abogacía de la Comunidad Autónoma ha recurrido la sentencia ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Barón considera que, si se confirma la posición del TSJIB, los perjudicados por la decisión del Govern de impedir su actividad empresarial, podrían estar legitimados para reclamar daños y perjuicios al Ejecutivo autonómico.
“Cada afectado deberá cuantificar y acreditar los daños y perjuicios generados por la resolución declarada nula de cara a iniciar un expediente administrativo de responsabilidad patrimonial contra el Govern”, aclara el letrado. Según Barón, el TSJIB acredita un funcionamiento anormal de la Administración, razón por la cual anula las dos resoluciones de la Conselleria de Salut i Consum de fecha 15 y 16 de julio de 2020.
“La Sala determina que las resoluciones recurridas y ahora declaradas nulas, incluyen medidas carentes de justificación adecuada y suficiente, lo que generó una manifiesta indefensión de los administrados frente a unas resoluciones administrativas que supusieron el cierre de actividades legales en sólo cinco calles de Mallorca”, detalla. Una vez constatado el anormal funcionamiento de la Administración, “cada perjudicado, de forma individual, deberá acreditar de forma fehaciente, el perjuicio sufrido, de forma objetiva, derivado de la decisión administrativa decretada nula”.
Eso obligará a cuantificar, mediante informes periciales, los ingresos que se dejaron de percibir, comparando los obtenidos en años anteriores y después de aplicar índices correctores. “Teniendo en cuenta que los ingresos fueron cero y los gastos tributarios, de alquileres, etc. se mantuvieron, consideramos que el Govern debería plantearse, si se confirma la sentencia del TSJIB, indemnizar en vía administrativa, buscando una salida negociada a esta situación, sin obligar a nuevos procesos judiciales que únicamente retrasarían, en perjuicio de los administrados afectados, la justa compensación por una actuación administrativa a todas luces incorrecta”, manifiesta Matías Barón.
ABONE y ACOTUR alegaron en su recurso que el Govern Armengol incurrió en “desviación de poder” para, a través de la normativa sanitaria antiCovid, eliminar un determinado sector de la actividad turística, afectado por el Decreto Ley contra el turismo de excesos. Sin embargo, el tribunal, habiendo estimado el recurso por otras razones, no consideró probada la desviación de poder alegada por los recurrentes.
El vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, ha explicado que “la Abogacía defiende los intereses económicos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears más allá del parecer político que en cada momento tenga el Govern”.
A preguntas de mallorcadiario.com, Costa ha recordado que “cuando estábamos en la oposición, desde el Partido Popular criticamos la falta de ideas y de sensibilidad del Ejecutivo de Francina Armengol, que optó por la vía de la imposición, del cierre y del ordeno y mando. Ahora que estamos en el Govern, seguimos creyendo que hay que tomar medidas desde el consenso y no desde la imposición. Ahora bien, nuestro deber desde el Ejecutivo es velar por los intereses de todos los ciudadanos y ser muy cuidadosos con la gestión del dinero público”.