El coste de estas adaptaciones varía entre 800 y 10.000 euros por ascensor, dependiendo de factores como la antigüedad, la tecnología y el estado del equipo. Esta inversión puede representar un desafío económico considerable para muchas comunidades de propietarios.
En Baleares, donde aproximadamente el 40 por ciento de los edificios de viviendas no tienen ascensor, la ley afectará significativamente a unos 11.000 de los 27.000 ascensores existentes, especialmente a aquellos que requieren adaptaciones técnicas.
La normativa especifica que los ascensores deben lograr una precisión de nivelación de +/- 10 milímetros y contar con sistemas de comunicación bidireccional para emergencias. Además, se deben instalar dispositivos de pesaje en cabinas y barreras fotoeléctricas en puertas automáticas para mejorar la seguridad.
Las inspecciones periódicas obligatorias (OCA) cada cuatro años determinarán las modificaciones necesarias, y el incumplimiento puede resultar en la inhabilitación del uso del ascensor.
Los titulares de los ascensores, principalmente comunidades de propietarios, son responsables de mantener la documentación legal y garantizar la realización de las inspecciones. Las empresas mantenedoras deben proporcionar un listado de intervenciones y aumentar la cuantía de su seguro de responsabilidad civil.
Además, las operaciones de rescate ahora solo pueden ser realizadas por empresas mantenedoras o servicios de emergencia autorizados, no por personal del edificio.
El Govern ha implementado un programa de subvenciones para la rehabilitación de edificios y viviendas, con un enfoque en la mejora energética. Algunas de las medidas para adaptar los ascensores pueden ser susceptibles de recibir estas subvenciones, aliviando así parte del impacto financiero.
Desde la Federación Española de Ascensores (FEEDA) se recomienda a los propietarios consultar con al Govern para conocer las bases de estas ayudas.
Los ascensores deben adaptarse a la nueva normativa en un plazo de cinco años. Las comunidades de vecinos que no cumplan con estos requisitos enfrentarán sanciones, incluyendo multas y la posible inhabilitación del uso del ascensor hasta que se realicen las adaptaciones necesarias.
Sin embargo, desde la FEEDA aseguran que no esperan que estas multas se puedan llegar a materializar, ya que la propia ITC, dispone de la flexibilidad suficiente para que no lleguen a producirse.