La multa de 150 millones de euros impuesta por el Ministerio de Consumo a Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea ha sacudido el sector de la aviación. Estas aerolíneas han sido sancionadas por aplicar cargos adicionales a los usuarios por llevar equipaje de mano a bordo o por seleccionar asientos en ciertas circunstancias. Las compañías han manifestado su intención de recurrir la sanción, lo que presagia un conflicto prolongado.
La relación entre las aerolíneas y los consumidores siempre ha sido compleja. Más allá de los problemas de overbooking o las cancelaciones, compañías como las sancionadas han creado una serie de particularidades en sus tarifas, cobrando extra por prácticamente todo lo que no sea el asiento, desde el equipaje de mano hasta la impresión de la tarjeta de embarque.
La decisión del Gobierno de sancionar a estas aerolíneas marca un hito significativo, no solo por la cuantía de la multa, sino también por el impacto reputacional que conlleva. Es evidente que, a menudo, existe una gran disparidad entre el precio inicial de un vuelo y los costos adicionales que surgen durante el proceso de reserva y hasta el embarque. Estos costos no siempre se presentan de manera transparente, lo que ha sido un punto de constante denuncia por parte de las asociaciones de consumidores.
Entidades como Facua, OCU o, en el caso de Baleares, Consubal han insistido durante mucho tiempo en que los cargos por el equipaje de mano son reclamables. Tampoco es admisible que se apliquen tarifas adicionales por reservar asientos contiguos para menores de edad o personas dependientes. Estas prácticas son tan injustas como poco éticas, por lo que es fundamental que se aborden de manera expeditiva en beneficio de los viajeros.
Las aerolíneas sancionadas podrían buscar defender sus intereses en los tribunales argumentando posibles discrepancias entre la normativa comunitaria y la nacional. La falta de una directriz clara en Europa sobre qué puede considerarse equipaje de mano exento de tarificación representa una ambigüedad que las aerolíneas podrían explotar. Sin embargo, basarse en ambigüedades legales no es una estrategia sostenible a largo plazo.
Esta sanción debería servir como un recordatorio de que los consumidores merecen ser tratados con equidad y sin subterfugios en todas las etapas de su viaje. El presidente de la patronal ALA, Javier Gándara, afirmó recientemente que están dispuestos a mejorar la transparencia en colaboración con el Ministerio de Consumo y las asociaciones de consumidores. Este sería un paso en la dirección correcta a fin de reconstruir la confianza entre las aerolíneas y los consumidores. Si se puede mejorar, es indicativo de que no se ha hecho lo suficiente hasta ahora. Y en todo caso queda por ver si a las aerolíneas sancionadas les resulta más rentable pagar las multas y seguir con sus prácticas abusivas o, por el contrario, reconsideran su actuación y se alinean con una operativa más justa y clara.