El objetivo de la entidad con este recurso es "que el plan de segregación lingüística no pueda aplicarse el próximo curso escolar en la etapa de primaria, como pretende la Conselleria de Educación", ha explicado en un comunicado.
La OCB considera que este plan es "claramente contrario a la legalidad vigente" y que "puede causar graves perjuicios a la comunidad educativa" y al sistema educativo balear en su conjunto.
El recurso es contra la resolución del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, del pasado 19 de abril, por la que se aprobó el 'Plan Piloto Voluntario de Libre Elección de Lengua para centros educativos sostenidos con fondos públicos de Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria de las Islas Baleares a partir del curso 2024-2025'.
La OCB pide su suspensión por considerarlo "nocivo, ilegal y no equitativo", y para que no entre en vigor hasta que se resuelva el pleito, una petición a la que el TSJIB deberá responder en los próximos días o semanas.
La OCB manifiesta en el recurso que la medida cautelar de suspensión del plan es necesaria para evitar que el recurso contencioso-administrativo pierda su finalidad, puesto que la aplicación del llamado 'Plan Vera' durante el tiempo que dure el proceso judicial "podría provocar perjuicios irreversibles en el sistema educativo balear, debido a que, entre otros, se materializará un efecto segregador".
El presidente de la OCB, Antoni Llabrés, ha subrayado que la aplicación de este plan "supondría, por primera vez en la historia, la separación de los alumnos por razón de lengua sin ningún criterio pedagógico que lo justifique, una segregación que está claramente prohibida por la Ley de normalización lingüística y la Ley de educación de las Illes Balears, y que pondría en riesgo la convivencia y la cohesión social de la comunidad educativa".
En el recurso, la entidad afirma que el plan es incompatible con el modelo educativo vigente de la comunidad autónoma, denominado de "conjunción lingüística" o "bilingüismo integral", reiteradamente avalado por el Tribunal Constitucional y los tribunales ordinarios.
La OCB recuerda que los encargados de decidir las reglas que determinan la lengua en la que se imparten las diversas materias son los poderes públicos. Las familias participan en el proceso de elaboración de los proyectos lingüísticos, pero no tienen una facultad de elección de lengua, que sólo está legalmente reconocida, de forma limitada, en la denominada primera enseñanza.
Para la OCB, en ningún caso se trata de un plan para mejorar las competencias educativas y "creará desigualdades y falta de equidad", que quieren evitar con la petición de suspensión.
207 colegios de Baleares de un total de 221 (93,6 por ciento) han expresado su voluntad de no adherirse al plan piloto de elección de lengua y solo 14 están pendientes de la decisión que tomen los claustros, según una encuesta del sindicato STEI.
"La información recogida no ofrece ningún tipo de duda: las escuelas dan la espalda al plan", han señalado desde el sindicato en una nota de prensa.
El Govern está decidido a mantener su plan piloto de elección de lengua pese a la oposición en los tribunales de la OCB y el rechazo de la práctica totalidad de los colegios públicos. "Es voluntario", ha enfatizado el portavoz del ejecutivo, Antoni Costa.