El conseller de Educación y Universidades de Baleares, Antoni Vera, revela en la entrevista publicada este lunes en mallorcadiario.com una realidad preocupante en el ámbito educativo de Baleares. Durante décadas, el derecho de las familias a elegir la lengua de primera enseñanza de sus hijos, ha sido sistemáticamente vulnerado por las autoridades, según afirma del propio Conseller.
Este derecho, reconocido tanto por la Ley como por la jurisprudencia, ha sido despreciado, generando una situación de desamparo para muchas familias.
Es inaceptable que los distintos Ejecutivos autonómicos hayan ignorado deliberadamente y de manera sistemática un derecho como el de la libre elección de la lengua de enseñanza, que está respaldado por la legislación en vigor.
Esta situación ha tenido un impacto significativo en las familias, que se han visto privadas de la posibilidad de decidir la lengua en la que desean que sus hijos reciban su primera educación.
Desde este punto de vista, la decisión de PP y Vox de articular un mecanismo para revertir la situación y permitir que los padres de los alumnos puedan ejercer su derecho legal, es valiente. Y por más que, desde sectores catalanistas de la izquierda, se acuse al Govern de Marga Prohens de romper los consensos existentes en materia lingüística, lo cierto es que la Ley debe cumplirse y los derechos de los padres han de ser respetados.
Es imperativo que el Govern rectifique esta situación injusta y respete plenamente el derecho de las familias a elegir la lengua de primera enseñanza. La implementación de un plan piloto de libre elección de lengua es un paso en la dirección correcta, pero se necesitan acciones concretas y sostenidas para garantizar que este derecho sea plenamente respetado en el futuro.
Y procede preguntarse qué alternativa proponen quienes se oponen al plan piloto. ¿Seguir atropellando eternamente los derechos que la Ley reconoce, como ha sucedido hasta ahora?
Porque no ha de olvidarse que lo que desde el PSOE, Més, Unidas Podemos, OCB, STEI, etc. se considera un ataque a la lengua propia, no es más que dejar que los padres elijan en qué lengua oficial han de impartirse dos asignaturas en primaria y tres en secundaria. Nada más.
Los que cargan contra el plan piloto de libre elección, sin plantear alternativas para garantizar el derecho legal que asiste a los alumnos, lo que defienden que seguir vulnerando la Ley que protege ese derecho. Así pues, lo ilegal no es el plan piloto, sino seguir pisoteando la Ley, ignorando los derechos reconocidos en ella.