El Consell de Mallorca ya advirtió de la posibilidad de iniciar acciones legales para forzar la eliminación del carril a mediados de febrero, cuando emitió a la DGT un requerimiento previo que no ha tenido ninguna respuesta por parte del organismo dependiente del Ministerio del Interior.
El conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, ha explicado este miércoles en rueda de prensa que los servicios jurídicos del Consell consideran que "la DGT no ha escuchado al Consell como titular de la carretera, ni ha tenido en cuenta los informes técnicos vinculantes elaborados por los técnicos del Departamento que pedían la supresión expresa".
"El Reglamento de Circulación, en su artículo 35.2, dice que los titulares de la carretera emitirán un informe previo y vinculante. Por eso consideramos que ha habido una vulneración de la normativa por parte de la DGT. Tenemos que defender las competencias del Consell", ha señalado.
En ese sentido, Fernando Rubio ha subrayado que "nos encontramos ante una vulneración de la normativa estatal y por ello se reclama a los tribunales la retirada de una infraestructura que ha fracasado ya que ha incrementado la siniestralidad y las retenciones en la autopista del aeropuerto".
AUMENTO DE LA SINIESTRALIDAD: 50 POR CIENTO
El conseller ha recordado que "entre el 1 de enero y el 31 octubre 2023, los accidentes en la carretera del aeropuerto en sentido Palma aumentaron de 27 a 55, lo que supone un incremento del 50 por ciento respecto a ese periodo 2022, cuando no existía el carril bus-vao, mientras que en el sentido contrario (en el que no existe este carril) bajaron de 37 a 32 los accidentes".
Los informes técnicos señalan que "la ocupación media del carril fue de entre el 7 y el 10 por ciento durante el verano, mientras los dos carriles junto al bus-VAO estaban saturados. La mitad de las líneas de la EMT no pueden utilizar el carril porque después les es imposible acceder a la Vía de Cintura", apuntan.
Rubio ha indicado que el recurso presentado por los servicios jurídicos del Consell "advierte que la seguridad de los usuarios de las infraestructuras es un bien jurídico preponderante". Ha subrayado también que "el carril bus-vao fue implantado como una prueba piloto, es decir, provisional, para comprobar si era eficiente, y los informes técnicos han puesto de manifiesto que no ha sido así y por ello rechazamos su continuidad".
En todo caso, y mientras los tribunales resuelven el recurso presentado por el Consell, la institución insular ha pedido al tribunal que dictamine la suspensión inmediata como medida cautelar. Pero si esa opción no prospera, solicita que al menos se suspenda su uso durante la temporada alta, que es cuando más congestión sufren las carreteras.